El origen de la violencia.
“Quería referirme un poco a la violencia. Porque este mes, compañeros, en la televisión, la violencia aparece con mucho ritmo, con mucha sonajera.
La violencia, rasgan vestiduras porque se quema una micro, pero yo no escuché a esa misma gente rasgar esas mismas vestiduras y gritar cuando se quemó a Rodrigo Rojas, no escuché ese mismo clamor, no escuché eso cuando dejaron a la niña –Carmen Gloria Quintana- quemada entera.
No escuché eso en la televisión, no escuché la misma vehemencia en la defensa del no a la violencia, no escuché eso cuando a los compañeros profesionales –un día como hoy- que fueron secuestrados en el colegio Latinoamericano, en pleno día. No escuché a la televisión diciendo: “¡¿Por qué secuestran a la gente, por Dios, qué está pasando?!”. No. Todos callados. No escuché nada cuando al día siguiente estas personas aparecieron muertas. No solamente muertas, sino ¡de-go-lla-das!
Yo les pregunto ¿De dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros? ¿O son ellos, los poderosos, los ricos?
¡¿De dónde viene la violencia?!
Cuando la Unidad Popular tocó sus bienes, tocó sus minas, que dicen que el Todopoderoso se las dio a ellos, tocó el mar, tocó la tierra, las fábricas, solamente tocaron cosas, bienes, nunca se mató a ninguno de ellos ¿Qué pasó? ¡Estuvieron 17 años ¡asesinando gente! Haciendo desaparecer gente, quemando a los campesinos en hornos, allá en Lonquén.
¿Quiénes son los violentos? ¿De dónde viene la violencia?
¿Qué cosa más violenta que una persona tenga que vivir con 80 mil pesos, 100 mil pesos, 120 mil pesos en el mes? Y otros, por nombrar los que yo conozco, digamos, los senadores y los diputados, que los escoge la gente que vota -yo no voto porque no creo en el voto-, pero ¿Qué más violencia que esa?
¿Por qué uno tiene que vivir con un poquito, dejar a sus cabros chicos botados, porque tienen que salir los dos, el papá y la mamá a trabajar? ¿Por qué empujan a nuestra gente al consumo de drogas? ¿Por qué empujan a nuestra gente a la delincuencia en las poblaciones? ¡¿Por qué?!
Porque hay una desigualdad impresionante. Aquí están los ricos y los pobres. La clase media, pobre de ella, pero aquí están los ricos y los pobres.
¿Qué más violencia, compañeros, que el asesinato de mis hijos? Eran estudiantes, eran dirigentes, y en ese tiempo, como hoy día también, era muy peligroso ser joven y pensar. Porque lo que ellos quieren es que los jóvenes no piensen, quieren verlos botados, tirados en los pastos, borrachos, con droga, ganándose la plata fácil…
Así quieren vernos, pero los que piensan… son peligrosos.
¿Cómo mataron a mis hijos un 29 de marzo del ’85? A Eduardo salieron con armas de guerra a la calle a buscarlo. ¡Con armas de guerra andaban buscando a los hermanos Vergara! Lo mataron por la espalda inmediatamente de una ráfaga.
Rafael corría más rápido, porque él había entrado a las milicias y tenía más práctica y más ejercicio. Pero el Rafa volvió a donde estaba su hermano y trató de tocarlo. Ahí, los “valientes policías” le dieron una ráfaga a la altura de los glúteos, dejándolo parapléjico, y teniéndolo ya en sus manos, esposado, le pegó un tiro en la cabeza con el cañón afirmado en la nuca.
¡Ese es el principio del 29 de marzo! Un principio violento. ¿Quién empieza la violencia? ¿Quiénes son los violentos en este mundo entero? ¿Quiénes son los que dejan morirse de hambre en África a la gente mientras tienen guardados millones de dólares?
Alguien fue a la casa a decirme que quería limpiar la imagen del 29, porque el 29 de marzo es violento, porque los desmanes, porque la cosa, las bombas y las cuestiones… Mire, compañero, le dije: Yo no me voy a prestar para una cosa así, porque el 29 de marzo ha sido desde el comienzo -desde el asesinato brutal de mis hijos- violento. Y hemos hecho una respuesta violenta porque tenemos derecho a hacerlo.
Si nos pisotean, si nos matan, si hacen lo que quieren con nosotros, tenemos derecho a levantarnos y a defendernos. Y los 29 de marzo han sido todos violentos desde el principio hasta ahora. Y desde ahí que los chiquillos se enfrentan a peñascazos con los pacos. Y es por eso que les molesta, porque si hubiéramos hecho una romería calladitos en una sala, a nadie le hubiera molestado.
A ellos les molesta el desorden y la violencia porque ellos son los dueños del desorden y de la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no tenemos derecho. ¡Nosotros tenemos que morir piola! ¡Callados! ¡Morirnos de hambre callados! Que nuestros hijos se prostituyan y callados. ¡Yo jamás voy a renunciar a la violencia de mis compañeros! De mis amigos, de los muchachos que yo conozco en la población, que durante todos estos años nos han acompañado. Que se han arriesgado, los han tomado presos, les han pegado, han perdido sus trabajos, han perdido el estudio.
Entonces, yo les digo desde mi corazón, los quiero así como son: Rebeldes, violentos. Honestos con ellos mismos. Los quiero porque ellos son los que nos han mantenido vivos a nosotros, todos estos años. Ellos son los que consiguieron que el sistema se fijara en nosotros y dijeran: “Ya, vamos a ver qué se puede hacer” y descubrieron que fue un asesinato, después de veintitantos años –cosa que nosotros sabíamos desde el principio-.
Por Luisa Toledo.
Estas palabras de Luisa Toledo, son un extracto de las que dijo en el Pedagógico este año (2012), y publicadas en El Ciudadano.
Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos políticos y las militancias.
Clase magistral de la profesora Cristina Moyano Barahona en las IV Jornadas de Historia Política, organizadas por el Taller de Historia Política de la Universidad de Valparaíso, el miércoles 20 de octubre de 2010.
La Rebelión Encapuchada.
Igor Goicovic Donoso, especial para G80.
En cada ocasión que los estudiantes y las organizaciones populares se movilizan en el espacio público, los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes chillan al unísono: ¡Violencia! Se suceden las imágenes de jóvenes encapuchados que levantan barricadas, arrojan piedras sobre la fuerza pública y destruyen parte del equipamiento urbano. Los conductores de televisión, los reporteros en la calle y una variada gama de opinólogos condenan rápidamente los hechos. Se suceden sin ningún rigor conceptual anatemas tales como: “Violentistas”, “terroristas”, “anarquistas”, “lumpen”, “delincuentes”, etc. Pero nadie, no obstante, se ha preocupado de analizar de manera rigurosa las causas que precipitan la comisión de los actos violentos y mucho menos se ha intentado explicar el profundo trasfondo político que subyace a este tipo de protesta.
Quienes protagonizan este tipo de manifestaciones son personas (mayoritariamente jóvenes populares), profundamente molestas con el sistema de dominación de clase existente actualmente en el país. Están molestos con el modelo económico que los explota a ellos, a sus hermanos o sus padres; están molestos con la estructura inequitativa de la sociedad que condena a una parte importante de la población a la miseria o al endeudamiento crónico; están molestos con la represión policial, que golpea cotidianamente sus poblaciones; están molestos con el imaginario simbólico que recrea un mundo de fantasía que sólo se encuentra disponible para unos pocos privilegiados. Existe un largo acumulado de tensiones, frustraciones y desencantos que se han venido acentuando y que, hoy día, en el marco de las movilizaciones sociales (estudiantiles, medioambientales, indígenas y recientemente de trabajadores), se expresan como rebeldía popular.
Se trata de una rebelión espontánea, en la cual no se visibiliza con claridad ningún tipo de centralidad ideológica. No, a lo menos, como se observó en América Latina y Chile entre las décadas de 1960 y 1980. Tampoco se pude negar la existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estas organizaciones no poseen hoy día un control efectivo sobre dicho enfrentamiento. Es más, una parte de las acciones violentas que se han podido observar recientemente carecen de conducción política y de orientación ideológica: Por ejemplo, los ataques a pequeños establecimientos comerciales y el saqueo de colegios en la periferia urbana. No obstante, en estas acciones, así como en los ataques contra los grandes supermercados, las cadenas de farmacias, las instituciones financieras o los centros comerciales, existe un denominador común: La rabia. De ahí que estas acciones continúen expresando el profundo descontento social que la inequidad ha venido construyendo.
Es más, la espontaneidad de las acciones violentas remite, incluso, a la forma escasamente estructurada que poseen los ataques contra los dispositivos represivos del Estado. La masa arremete contra carabineros sin planificación operativa alguna y, normalmente, armada sólo con los recursos que provee el medio urbano (piedras y adoquines). Por lo mismo, se puede caracterizar como una violencia de baja intensidad. Particularmente si la ponemos en relación con los conflictos sociales y políticos que se viven actualmente en Colombia, México o Brasil.
Cabe señalar que este tipo de manifestaciones no son en absoluto novedosas. Por el contrario, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se hicieron particularmente recurrentes. Cada vez que se producía una crisis económica que afectaba a la subsistencia de las clases populares o en cada oportunidad en que la legitimidad del régimen político experimentó un importante grado de deterioro, la furia popular irrumpió en el espacio público. Sólo por mencionar algunos hitos emblemáticos podemos referir, el motín de los tranvías de 1888, la huelga de la carne de 1905, el motín urbano de abril de 1957 y las protestas populares contra la Dictadura Militar del ciclo 1983-1987. En todas esas ocasiones, y en muchas más que podríamos enumerar, los manifestantes saquearon o intentaron saquear los establecimientos comerciales de la burguesía, atacaron tanto la sede de gobierno como los palacios señoriales en los cuales se regocijaba y ostentaba impúdicamente su riqueza la oligarquía, se enfrentaron con las fuerzas represivas del Estado y destruyeron parte del equipamiento u ornamentación pública. En todas esas oportunidades, además, la represión, al igual que hoy, actuó con particular saña y alevosía. Es importante señalar que en este tipo de manifestaciones siempre los muertos se encuentran en las filas de los que protestan; no de quienes reprimen. Por el contrario, quienes históricamente han masacrado al pueblo han recibió premios y ascensos; como fue el caso de Roberto Silva Renard, el general responsable de la matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique en 1907. Mientras que hoy día los crímenes alevosos, como el de Manuel Gutiérrez, son calificados como “violencia innecesaria causando la muerte”, lo cual supone para el criminal, en el peor de los casos, una condena de tres años de prisión.
En el contexto de esta asimetría de fuerzas y de recursos los medios de comunicación al servicio de la burguesía cumplen la tarea de criminalizar la protesta popular. Pero lo que sucede hoy día con los medios de comunicación no es muy diferente de lo que ocurría a comienzos del siglo XX, en el contexto de la emergencia de la llamada “cuestión social”. Efectivamente, las protestas obreras, que demandaban mejores condiciones laborales y de vida, no sólo eran violentamente reprimidas; también eran criminalizadas. Quienes protestaban eran “enemigos de la patria, de la propiedad y de la religión”. Hoy, como ayer, existe un control monopólico sobre los principales medios de comunicación; tanto impresos (El Mercurio y COPESA), como en radio y televisión. Ello hace que la línea editorial referida a la conflictividad social se uniforme: Las demandas son “desmedidas”, los estudiantes son “intransigentes”, las propuestas están “ideologizadas”, etc. Luego, ante la imposibilidad de invisibilizar la protesta, se instala el discurso homogenizador en torno a las formas correctas de movilizarse: Lo lúdico, lo festivo, lo carnavalesco. Y, de la misma manera, se encuadra el “sentido” de la manifestación: Que sea autorizada, que se desarrolle donde las autoridades quieren, que programáticamente se ajuste a lo que el sistema puede ofrecer y que se autoregule en su trayectoria y desarrollo. En consecuencia, toda manifestación que rompa con las “formas políticamente correctas de expresarse” es rápidamente anatemizada y criminalizada. No obstante, lo que más llama la atención es esta verdadera ausencia de profesionalismo o rigor de los periodistas adscritos a estas cadenas, que no sólo no hacen su pega, sino que se convierten más bien en espurios portavoces del gobierno o de los patrones. A ese efecto habría que destacar que situaciones de violencia “estructural”, como la desigual distribución de la riqueza, la explotación laboral, la expoliación comercial de las grandes cadenas de retail o la usurpación y represión de que han sido objeto históricamente los mapuche, o no concitan el interés periodístico o son rotuladas con eufemismos. Por ejemplo, estos medios jamás han hablado en el caso de Manuel Gutiérrez de asesinato o de alevosía. Se han referido a su deceso como “la muerte del joven poblador”; como si se hubiese muerto en su cama de causas naturales. Pero si han enfatizado en el arrepentimiento que habría mostrado el carabinero que lo mató. Estas violencias estructurales son, sin lugar a dudas, un factor clave en el desencadenamiento de las violencias reactivas que protagonizan los jóvenes populares.
Otro aspecto particularmente preocupante es la configuración de un escenario de enfrentamiento “horizontal” entre quienes participan de las manifestaciones populares. Al respecto creo que es necesario considerar dos situaciones. Por una parte, se puede observar un importante grado segmentación social entre quienes protestan. Efectivamente, una parte de los estudiantes adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas (medicina, ingenierías, derecho, etc.), provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor “capital cultural”. Estos estudiantes universitarios se refieren a los jóvenes no universitarios (secundarios y subocupados), como: “flaites”, “sopaipillas”, “lumpen”, etc., reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del gobierno y los patrones. Luego, encuadrados en el discurso de la “manifestación políticamente correcta”, se pueden llegar a convertir en delatores (cuando señalan a sus compañeros a la policía), o en agentes directos de la represión (cuando detienen y entregan a la misma policía a estos compañeros). Hay mucha irresponsabilidad en el gobierno, en los medios de comunicación e incluso entre algunos dirigentes sociales, cuando impelen a estas personas a enfrentarse con los manifestantes encapuchados. El día de mañana si se llega a producir un enfrentamiento fatal la responsabilidad política estará entre quienes incitan al conflicto fratricida.
Otra línea de interpretación remite a los dos fundamentos constitutivos de la sociedad de clase en Chile: El orden público y la propiedad. Si debemos reconocerle un mérito a la oligarquía primero y la burguesía después, fue haber elevado estos dos principios a la condición de valores naturales; alcanzado incluso un importante nivel de transversalización social. Muchos creen, hoy día, que tienen algo que perder: Un auto, un pequeño negocio, la casa. Y lo meritorio del sistema fue haber instalado en este sector de la sociedad que la amenaza la constituye el “otro” desprovisto o precarizado. De aquí surge el viejo y reiterado discurso fascistoide de la “mano dura”. Cualquier amenaza a la propiedad deviene en amenaza al orden público. En consecuencia el recurso a la represión se valida ampliamente.
En este contexto la violencia encapuchada se convierte, también, en una rebelión simbólica y cultural. Es la rebelión contra todas las formas inveteradas que ha asumido la subordinación; es el rechazo al “mandé patrón”, “como usted diga jefe”, “perdone mi cabo”. El encapuchamiento rompe con toda forma de subordinación y en cuanto ruptura constituye una disonancia no sólo para el Estado y los patrones, sino que, también, para quienes han internalizado el discurso oficial. No obstante encapucharse es un acto político, en cuanto expresa la voluntad de rebelión frente a las condiciones estructurales de la violencia (económica, social y política) y, por otro lado, es un gesto de desafío frente a la pusilanimidad con la cual se ha hecho política en Chile.
Dr. Igor Goicovic Donoso
Director Magíster en Historia
Departamento de Historia
Universidad de Santiago de Chile
De la catástrofe natural a la ira popular.
Igor Goicovic Donoso, especial para G80.
El terremoto y posterior tsunami que afectó a una parte importante del territorio de Chile en la madrugada del sábado 27 de febrero, y que hasta la fecha ha provocado la muerte de más de 800 personas, puso al descubierto una serie de problemas que la prensa oficial ha denominado, eufemísticamente, como “terremoto social”. Miles de personas, especialmente en las ciudades más afectadas por la catástrofe (Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel, Constitución, entre muchas otras), salieron a las calles a recuperar por cuenta propia los alimentos y el agua que las autoridades y las cadenas de supermercados, se negaban a distribuir rápida y eficientemente. En su desesperación y angustia, y dando cuenta de una profunda tradición histórica, los más pobres, y a la vez los más golpeados por el desastre, no se contuvieron. En una explosión desbordante de rabia y necesidad arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Ello, evidentemente, favoreció el exceso y, en algunas circunstancias, el despliegue de conductas delictivas. Pero estas conductas puntuales no pueden encubrir el problema de fondo: Quienes salieron a las calles a reclamar y recuperar de hecho lo que necesitaban fueron las más pobres. Hombre, mujeres y niños, muchos de ellos agrupados como núcleos familiares o como redes comunitarias. Aquellos que sistemáticamente el capitalismo ha explotado, reprimido y excluido. Aquellos que en las visitas oficiales de autoridades extranjeras y en el discurso público son sistemáticamente encubiertos. Aquellos a los cuales se pretende integrar precariamente a través del trabajo ocasional y del consumo marginal. Aquellos que son recluidos en liceos gueto donde se les condena reproducir el fracaso del sistema educacional. Aquellos que no reciben prestaciones de salud de calidad, porque la medicina se convirtió en mercancía y los médicos, hace mucho tiempo, perdieron su “vocación social”. Aquellos para los cuales se organizan planes cuadrantes y cárceles concesionadas. Aquellos que en los informes de MIDEPLAN y del PNUD continúan representando un 14% de la población. Una población a la que generalmente no queremos ver y cuando se nos configura en la cotidianeidad mediática lo hace transgrediendo el “orden burgués”.
No es extraño, entonces, que ante el “clamor ciudadano” (aquel que fue inducido por los medios de comunicación burgueses y que expresó la demanda de la derecha y del capital), el Gobierno haya decretado el Estado de Catástrofe Nacional, medida que, a su vez, permite la imposición del toque de queda y el despliegue de fuerza militares en las ciudades afectadas por el vendaval popular. Así, las imágenes del pasado dictatorial retornaron nuevamente al escenario del Chile actual: Milicos armados hasta los dientes deteniendo y golpeando a los más pobres; poniendo cerco a las principales poblaciones populares y custodiando los centros comerciales y financieros del gran capital. Da pena y rabia comprobar que las demandas de los pobres, expresadas en contingencias críticas, continúan siendo enfrentadas con la fuerza de las armas. La paradoja radica en que los delincuentes que inmediatamente después de la catástrofe comenzaron a subir los precios de los artículos de primera necesidad o aquellos que comenzaron a acaparar recursos básicos para posteriormente medrar con precios más altos, no han sido denunciados y mucho menos sancionados como se lo merecen.
Tampoco, hasta el momento, han recibido el castigo que se merecen aquellos que con negligencia criminal (en la Armada y el Gobierno) no informaron adecuadamente a la población del litoral central del tsunami que posteriormente afectó a la población ribereña. Ellos son los responsables directos de la muerte de más de 500 personas en esta catástrofe. En relación con ello cabe consignar que ninguna persona ha muerto como consecuencia directa de los saqueos llevados a cabo por la población.
No se trata de justificar la violencia criminal del lumpen que, regularmente y en su extrema cobardía, no ataca al capital y a sus defensores (salvo cuando replegado en la masa actúa sobreseguro); por el contrario, estos cobardes, habitualmente, atacan a los más pobres y de ellos medran a través del narcotráfico, imponiendo en las poblaciones la ley del más fuerte (que no es otra que la de aquel que porta las armas). Esos parásitos sólo se merecen el desprecio. Tampoco se debe desconocer que en estos actos participaron activamente sujetos provenientes de estratos sociales más acomodados; aquellos que se desplazaban en camionetas y camiones y que se dedicaron sistemáticamente a robar artículos electrónicos, de línea blanca e incluso maquinaria pesada. Distinto es el caso de los sectores populares que agobiados permanentemente por la miseria y afectados coyunturalmente por la catástrofe, han salido a las calles a recuperar por su propios medios los recursos que necesitan para subsistir. Su legítimo accionar ha puesto al descubierto todas las inequidades e injusticias que el sistema neoliberal, montado por la Dictadura y afianzado por la Concertación, ha instalado en nuestro país. No sólo ha develado, una vez más, la existencia de la pobreza; también ha puesto de manifiesto que hace mucho tiempo late en el seno del pueblo más pobre una rabia contenida que episódicamente se desborda, poniendo en jaque la institucionalidad y los valores más preciados del orden burgués. Y ello tiene que ver con el Chile que sistemáticamente se nos ha querido imponer y del cual ahora, como en otras etapas de nuestra historia, las clases dominantes se horrorizan. El Chile escindido. Aquel que no toma vacaciones en el Caribe, sino que con suerte va un domingo de febrero al balneario local. Aquel que se apiña solidariamente en 40 mts.2 construidos, pero que eventualmente conoce los departamentos de 6.000 UFs de las principales ciudades del país, porque presta servicios de aseo o jardinería para la burguesía. Aquel que cotidianamente ocupa entre 2 y 4 horas de su vida para desplazarse desde su hogar hasta su empleo en micros atestadas, mientras sus patrones y gerentes utilizan automóviles último modelo. Aquel que percibe como salario mensual el mismo dinero que su patrón se gasta en una noche de diversión. Estas inequidades no sólo han sembrado frustración y desesperanza; también han engendrado un profundo odio de clase del cual, al parecer, sus instigadores materiales no son conscientes. Por ello cuando la plebe insurrecta emerge desde la periferia urbana se aterran; y sus corifeos, en los medios de comunicación, desatan la letanía criminalizadora de siempre; terroristas ayer, anarquistas y encapuchados más tarde, saqueadores hoy día. La misma putrefacta monserga de siempre para banalizar o encubrir los problemas estructurales que arrastra esta sociedad desde hace más de tres décadas.
No se trata tampoco de idealizar el reventón popular y pretender que éste, en sí mismo, adquiera el estatuto de hecho político. Efectivamente, en estos momentos esa rabia carece de orientación política y de metas claras; es pura pasión e intuición popular. En consecuencia le resulta fácil al Estado burgués y a sus organismos represivos encuadrarla y reprimirla. De esta manera, tras el vendaval de ira popular los más pobres retornan nuevamente a su miseria, pero esta vez más golpeados y heridos. La ira popular es sólo la expresión de una malestar profundo y es también la demostración inveterada de que el pueblo movilizado ha constituido históricamente una fuerza social y política de grandes proporciones. Le corresponde, entonces, a las aletargadas organizaciones revolucionarias chilenas, ensimismadas en un diletantismo retórico estéril, en el caudillismo y en el cortoplacismo, ponerse a la cabeza de la rabia popular y convertirla en fuerza social y política revolucionaria. De lo contrario no habremos aprendido nada, como en otras ocasiones, de esta dolorosa tragedia.
Igor Goicovic Donoso
Quilpue, 4 de marzo de 2010
Haciendo otra lectura de la capucha.
Según el diccionario de la RAE la capucha es una prenda de vestir y un encapuchado es un sujeto asociado a ciertas prácticas religiosas del catolicismo romano en semana santa. Claramente, no es lo que se piensa cuando se escucha esa palabra en los noticieros de televisión. Se piensa en “violentistas”, “desadaptados”, “lumpen” o, en los “infilitrados”, de los cuales algunos, según sabemos hoy por ciertas investigaciones periodísticas, no sólo tienen nombre y apellido, sino también portan una placa.
Mientras veía las noticias, luego de la “marcha de los paraguas” este jueves 18 de agosto de 2011, noté el funcionamiento de la “seguridad” dentro de la columna de los manifestantes. “Hay que mantener el orden”, se decía, continuamente. Y los que aparecieron portando una capucha fueron motejados como “flaites”. No puedo sacarme de la cabeza el grito de uno de los defensores del orden (no hablo de un uniformado): “-¡anda a leer un libro y después hablai de educación!”. ¡Cómo si la educación estuviese asociada sólo a la práctica de la lectura! ¿Es que acaso sólo pueden hablar de educación aquellos que participan del sistema y no aquellos que han sido excluidos de él? ¿No es precisamente una de las peores cosas del actual sistema de educación el hecho de que existan “colegios para pobres” que enseñan poco y nada con la finalidad de re-producir mano de obra obediente y barata? ¿El muchacho que gritó eso pensará que la educación en el actual sistema es un instrumento de ascenso social, olvidando que el sistema neoliberal barrió con el estado benefactor, y lo que hoy asegura ascenso está ligado a la práctica del consumo, por ende al poder de adquisición –real o artificial, mediante tarjetas?
Yo nunca he ocupado una capucha. Cada vez que he marchado o he protestado por algo lo he hecho con mi rostro descubierto. Pero eso no me hace más valiente ni mejor. Soy uno, entre tantos que hemos tomado esa opción. Pero respeto al compañero o compañera que ha optado por tomar una capucha y cubrir su rostro. Y mi respeto está ligado al entendimiento. Entiendo por qué lo hacen. Y las dos razones están asociadas al uso excesivo de la teatralidad represiva de las fuerzas policiales, que por ejemplo cuando salen montados en sus caballos permiten recordar a los militares “palomeando rotos”, como antaño. Ante esa represión se alza una defensa. No todos pensamos en que la correlación de fuerzas en una marcha es totalmente dispar y no hay para qué engrosar las filas del martirologio, sino están aquellos que piensan que hay que defenderse, que hay que luchar contra aquél que te está reprimiendo. Y también es una defensa contra los “disparos” de las cámaras en manos de funcionarios uniformados o de civil que buscan retratarnos a quienes participamos de las movilizaciones. Porque hoy, como ayer, nos tienen a todos identificados. Y algunos ya sea para cuidarse más o, ya sea por miedo, cubren su rostro contra ese ataque que no se siente pero que se ve. Ahora bien, pensándolo, sin querer queriendo he estado encapuchado cuando con mi kufiyya o con mi bufanda he tapado mi rostro para protegerme de los gases lacrimógenos. Después del Caso Bombas y las “evidencias” del fiscal Peña, que no hay que olvidar trabaja hoy en el Ministerio del Interior para Hinzpeter, cualquier cosa se puede esperar. Y cuando uno dice cualquier cosa, lo dice literalmente.
Hace un tiempo atrás, leí un texto de la historiadora María Rosaria Stabili sobre el gobierno de Balmaceda (que fue escrito en 1991 a propósito de los cien años de la guerra civil), en el cual concluía que los chilenos portan un pequeño Portales dentro de sí, por más “libertarios” que éstos sean. Si cuando precisamente el actual orden está siendo puesto en cuestión, ¿no es una contradicción cuidar el “orden”? Si para la clase dominante ya marchar por las calles, interrumpiendo el “normal” tráfico vehicular, es un acto de desorden y violencia. Recuerdo a un uniformado diciéndome un día “-Desaloje la vía pública”. No se necesitan encapuchados para ser reprimidos. Como diría Miguel Enríquez a fines de la década de los sesenta: “Sólo la chatura mental y política pueden suponer que las clases dominantes necesiten pretextos para desencadenar la represión: si no los tienen, los inventan”. ¿Alguien podría decir que no ha sido así?
Luis Pino Moyano.
TERCERA DECLARACIÓN PÚBLICA DE HISTORIADORES EN APOYO AL PUEBLO MAPUCHE.
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Los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración nos vemos, una vez más, en la
obligación moral de denunciar la sistemática política represiva que el Estado de Chile despliega en contra del pueblo mapuche. Las comunidades mapuche que han levantado como principales demandas la restitución de sus tierras ancestrales, el respeto a su condición de nación y el reconocimiento a su autonomía política, enfrentan hoy día una triple ofensiva represiva.
En primer lugar, policial. El territorio de la Araucanía continúa fuertemente militarizado, las comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos y acciones de amedrentamiento. Los comuneros han denunciado, incluso, que sus viviendas son destruidas y sus alimentos y enseres son arrojados al piso. El trato que la policía brinda a mujeres, ancianos y niños es vejatorio y humillante. El despliegue policial, además, se caracteriza por el uso abusivo de un sofisticado arsenal, que incluye, helicópteros artillados, vehículos blindados, armamento automático y gases tóxicos.
En segundo lugar, los mapuche son objeto de una cuidadosamente orquestada ofensiva judicial. El Estado de Chile, a contrapelo de todos los tratados internacionales que ha suscrito, niega la existencia de un conflicto político en la Araucanía. En consecuencia, recurre a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar (Ley 18.314 sobre conductas terroristas), para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre, en diferentes penales del sur del país, desde el 12 de julio de 2010. Este movimiento denuncia una serie de abusos e irregularidades de los cuales son objeto, entre las cuales destacan: torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de “pruebas” incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento (tanto en tribunales de garantía como en tribunales militares) y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan. En el caso de Héctor Llaitul Carrillanca la Fiscalía de Cañete ha solicitado más 103 años de cárcel para el inculpado (sin contar los que está pidiendo la Justicia Militar). Cabe consignar que recientemente el cabo de carabineros Walter Rodríguez, responsable del asesinato del weichafe Matías Catrileo, en la zona de Vilcún en enero de 2008, fue condenado por la Corte Marcial a 3 años y un día de prisión. No obstante, este mismo tribunal dispuso concederle al asesino el beneficio de la libertad vigilada. Irregularidades y discriminación son la constante en los proceso que se siguen contra los mapuche encarcelados.
Por último, las comunidades mapuche enfrentan una ofensiva mediática. La mayoría de los grandes medios de comunicación del país, controlados por los mismos grupos económicos que depredan los recursos de la zona sur, no sólo han tendido un cerco de silencio en torno a las reivindicaciones de las comunidades en conflicto y a la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche; también han distorsionado groseramente el fondo y la forma de las movilizaciones y acciones de protesta que los mapuche han desplegado. La verdad irrefutable es que la violencia en la Araucanía ha sido protagonizada, fundamentalmente, por los aparatos de seguridad del Estado, mientras que las comunidades agredidas sólo han hecho uso (por lo demás con recursos operativos muy precarios), de su legítimo derecho a la autodefensa.
Convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconociendo el legítimo derecho de los pueblo originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política, los abajo firmantes convocamos a los historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestar públicamente estas denuncias el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Histórico Nacional.
Santiago, 1 de septiembre de 2010.
LISTA DE FIRMANTES AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Director Magíster de Historia Universidad de Santiago de Chile.
Josep Fontana, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalunya.
Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de la Frontera, Temuco.
Florencia E. Mallon, University of Wisconsin, Estados Unidos.
Julio Pinto Vallejos, Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.
Mario Garcés Durán, Universidad Santiago de Chile, Director ECO Comunicaciones.
Verónica Valdivia, Universidad Diego Portales.
Alberto Díaz Araya, Jefe Carrera de Historia y Geografía Universidad de Tarapacá, Arica.
Nelson Castro Flores, Jefe Carrera de Pedagogía y Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Viña del Mar y profesor de la Universidad de Valparaíso.
Alexis Meza Sánchez, Vicerrector Académico Universidad ARCIS.
Claudio Barrientos, Director Escuela de Historia Universidad Diego Portales.
Luis Castro C., Director Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso.
Pedro Rosas Aravena, Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.
Rodrigo Ruz Zagal, Jefe Archivo Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica.
Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (PEDCH) de la Universidad de Los Lagos.
Carlos Gutiérrez P., Director Centro de Estudios Estratégicos.
Carlos Molina Bustos, Ministerio de Salud, responsable de la investigación histórica de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, Chile.
Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
Sergio Guerra Vilaboy, Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y profesor de la Universidad de La Habana.
Juan Guillermo Muñoz Correa, Universidad de Santiago de Chile.
Pedro Bravo Elizondo, Wichita State University, Kansas, Estados Unidos.
Francisco Peña Torres, Université Paris I, Panthéon- Sorbonne, Francia.
Carlos Contreras Painemal, Frei Universitaat, Berlín, Alemania.
Jorge Magasich, Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas, Bélgica.
José del Pozo, Université de Québec à Montreal, Canadá.
Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.
Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.
Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.
María Olga Ruiz Cabello, Universidad de Chile.
Marcela A. E. Cubillos Poblete, Universidad de La Serena.
Miguel Urrutia, Universidad de Chile.
Patricio Rivera Olguín, Universidad Arturo Prat, Iquique.
Rodrigo Sánchez Edmonson, Universidad de Chile.
Enrique Fernández Darraz, Universidad Alberto Hurtado.
Jaime Massardo, Universidad de Valparaíso.
César Leyton Robinson, Universidad de Chile.
Ángela Vergara Marshall, California State University, Los Angeles, Estados Unidos.
Carlos Ruiz Rodríguez, Universidad de Santiago de Chile.
Robert Austin, University of Melbourne, Australia.
Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.
César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.
Susana Bandieri, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Neuquén, Argentina.
Daniel Palma, Universidad ARCIS.
Luis Galdames Rosas, Universidad de Tarapacá, Arica.
José Miguel Castillo Mora, historiador y concejal de Yecla (Murcia) España.
Fabio Moraga Valle, Universidad Autónoma de México, México.
Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.
Andrea Riedemann Fuentes, Universidad Libre de Berlín, Alemania.
Alberto Harambour Ross, Universidad Diego Portales.
Leonardo León Solís, Universidad de Chile.
Alfredo Lastra Norambuena, Universidad Arturo Prat, Santiago.
Nicolás Iñigo Carrera, Universidad de Buenos Aires.
Rolando Álvarez, Universidad de Santiago de Chile y Universidad ARCIS.
Iván Ljubetic Vargas, Centro de Extensión Luis Emilio Recabarren.
Jody Pavilack, University of Montana, Estados Unidos.
Carlos Mondaca Rojas, Universidad Arturo Prat, Iquique.
Pedro Canales Tapia, Universidad Pedro de Valdivia, La Serena.
María Eugenia Albornoz, Université de Lille III, Francia.
Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Francis Goicovich, Universidad de Chile.
César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Marcelo Mella, Universidad de Santiago de Chile.
Manuel Fernández Gaete, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Sean Purdy, Universidade São Paulo, Brasil.
Yvette Lozoya López, Universidad de Santiago de Chile.
Maria Paula Nascimento Araujo, Universidade Federal do Rio do Janeiro, Brasil.
Horacio Tarcus, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
Eliana Ceriani Bórquez, Universidad de Valparaíso.
Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Mário Maestri, Universidade Paulista Federal, São Paulo, Brasil.
Franck Gaudichaud, Université Stendhal – Grenoble 3, Francia.
Claudio Díaz Pérez, Universidad de Valparaíso.
Salvador E. Morales Pérez, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.
Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.
Geni Rosa Duarte, acadêmica Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.
Dina V. Picotti C., Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Karen Alfaro Monsalve, Universidad Austral de Chile.
Viviana Gallardo P., Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Jorge Cernadas, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Marcos Fábio Freire Montysuma, Universidade Federal de Santa Catarina/Brrasil, Tesoureiro da Associação Brasileira de História Oral, Brasil.
Steven S. Volk, Professor of History Oberlin College, Oberlin, Ohaio, Estados Unidos.
Cristina Moyano Barahona, Universidad de Santiago de Chile.
Sean Purdy, Universidade de São Paulo, Brasil.
Fanny Barrientos Cruzatt, Universidad de Tarapacá.
María Graciela León Matamoros, Universidad Jaume I Castellón, España.
Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Margaret Power, Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.
Ariel Arnal, Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México.
Miguel Valderrama, Universidad ARCIS.
Guadalupe Álvarez de Araya, Universidad de Chile.
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, Panamá.
Wilda Celia Western, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Carmen González Martínez, Profesora Titular de Historia, Universidad de Murcia, España.
Marisol Videla, Universidad ARCIS.
Gabriela Domecq, Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina.
Maximiliano Juan Pedrazzini, Universidad Nacional de Misiones. Argentina.
Lorena del Canto Flores, Universidad Bolivariana, sede Iquique.
Consuelo Figueroa, Universidad Diego Portales.
Danny Ahumada Vargas, Universidad de Santiago de Chile.
José Luis Cifuentes Toledo, profesor de Historia, Magíster de Historia y Ciencias Sociales.
Walter Delrio, Universidad Nacional de Rosario/CONICET, Argentina.
Myriam Olguín Tenorio, Universidad Cardenal Silva Henríquez y ECO Comunicaciones.
Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.
María Cristina Satlari, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.
Paola A. Ligasacchi, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.
Emilio Gonzalez, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil.
Mónica Gatica, Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, Argentina.
Marcos Fábio Freire Montysuma, CFH / Universidade Federale Santa Catarina, Brasil.
Rubén Isidoro Kotler, Universidad Nacional de Tucumán – Asociación de Historia Oral de la República Argentina.
Ana T. Fanchin, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Marcela Morales Llaña, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.
Valeria Sonia Wainer, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Lucía Valencia, Universidad de Santiago de Chile.
Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.
Cristina Viano, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Gustavo Bassin, Instituto Superior de Formación Docente 9-001 “Gral. San Martin”. Mendoza. Argentina.
Carolina Andaur, Dra. © El Colegio de México, México.
Robinson Silva Hidalgo, Doctor © en Historia, Universitat de Barcelona, Catalunya.
Ricardo López, Doctor © de Estudios Latinoamericanos Universidad de Chile.
Claudia Rojas Mira, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.
Sandra Castillo Soto, Magíster © en Historia, Universidad de Santiago de Chile.
Francisca Giner Mellado, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.
Isidora Sáez Rosenkranz, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.
Claudia Videla Sotomayor, Magister © en Historia, Universidad de Chile.
Andrea Mella Azabache, Magister © en Historia, Universidad de Chile.
Everaldo de Oliveira Andrade, Universidade Guarulhos – São Paulo, Brasil.
Alondra Peirano Iglesias, profesora ayudante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU),
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Federico Iglesias, Becario de Docencia de la materia Historia del pensamiento latinoamericano y argentino, Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Alejandra Brito Peña, Universidad de Concepción.
Carolina González Undurraga, Universidad de Chile.
Renato Hamel Alonso, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Fernanda Del Río Ortiz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Julián Suzarte Galvez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Enrique Riobó Pezoa, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Nicolás Sazo Arratia, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Gonzalo Aravena Hermosilla, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Nicolás Penna Vizcaya, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Cinthia Vargas Leiva, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Carlos Rojas Sancristoful, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Soledad Álamos Fuenzalida, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Sebastián Rico Díaz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Elena Romero Pérez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Andrés Rojas Böttner, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Juan Maureira Moreno, Corporación Chilena de Estudios Históricos.
Sebastián Leiva Flores, Universidad ARCIS y Universidad de Santiago de Chile.
Segunda Declaración de Historiadores en apoyo al pueblo mapuche.
Con dolor e indignación, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración, constatamos que la interpelación que le hiciéramos a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero de 2008, en torno a acoger las demandas históricas del pueblo mapuche no sólo no ha sido escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado. Prueba de ello es el asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío. Queremos, en consecuencia, ratificar ante el pueblo chileno y la comunidad internacional lo señalado hace un año y medio atrás.
1. Rechazamos la militarización del Gulumapu (territorio histórico del pueblo mapuche), la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial, el encarcelamiento y procesamiento de comuneros mapuches y el cobarde asesinato de Jaime Mendoza Collío.
2. Consideramos que situaciones de esta naturaleza tienen una larga génesis histórica, que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante lasegunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días.
3. Desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado aunque se ha manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las “corridas de cerco” de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.
4. En los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que se vive en ese territorio.
5. Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo.
6. Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al “derecho de Conquista” y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes.
7. Frente a la justicia de las demandas históricas del pueblo mapuche y teniendo presente el actual escenario represivo que el Estado chileno ha configurado en la Araucanía, manifestamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mapuche y advertimos a las autoridades de gobierno que la violencia desatada por la policía en la región sólo legitima el derecho a la autodefensa de aquellos históricamente agredidos.
Santiago de Chile, 19 de agosto de 2009.
Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Universidad de Santiago de Chile.
Julio Pinto Vallejos, Universidad de Santiago de Chile.
Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de La Frontera (Temuco).
Patrick Puigmail, Universidad de Los Lagos (Osorno).
Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Universidad Diego Portales.
Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.
Margarita Iglesias Saldaña, Universidad de Chile.
Alberto Díaz Araya, Universidad de Tarapacá (Arica).
Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.
Alejandra Brito, Universidad de Concepción.
Manuel Loyola, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Pedro Rosas Aravena, Universidad ARCIS.
Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.
Nelson Castro, Universidad de Valparaíso.
Sergio Caniuqueo Huircapán, Comunidad de Historiadores Mapuche.
Luis Vitale Cometa, Universidad de Chile.
Claudia Videla, Universidad de Chile.
Karen Alfaro Monsalve, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa (Concepción).
Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.
Alexis Meza Sánchez, Universidad ARCIS.
Patricio Quiroga Zamora, Universidad de Valparaíso.
Claudio Robles, Universidad Austral de Chile (Valdivia).
Beatriz Areyuna Ibarra, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mario Valdés Vera, Universidad ARCIS (Concepción).
Leonardo León Solís, Universidad de Chile.
Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
César Leyton Robinson, Universidad de Chile.
Manuel Fernández Gaete, Universidad Bolivariana (Los Ángeles).
Ivette Lozoya López, Universidad de Santiago de Chile.
Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.
César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Alberto Harambour Ross, Universidad Diego Portales.
Pedro Canales Tapia, Universidad Pedro de Valdivia (La Serena).
Daniel Palma, Universidad ARCIS.
Eduardo Palma, Universidad de Chile.
Claudio Barrientos, Universidad Diego Portales.
José Luis Martínez Cereceda, Universidad de Chile.
Francis Goicovich, Universidad de Chile.
Jorge Iturriaga, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Juri Carvajal Bañados, Universidad de Chile.
Juan Carlos Gómez Leyton, Universidad ARCIS.
Marcelo Mella Polanco, Universidad de Santiago de Chile.
Eduardo Cruzat C., Universidad ARCIS (Cañete).
Cristina Moyano Barahona, Universidad de Santiago de Chile.
Sebastián Leiva, Universidad ARCIS.
Lucía Valencia Castañeda, Universidad de Santiago de Chile.
Rodrigo Sánchez, Universidad de Chile.
Fabio Moraga Valle, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Robinson Silva Hidalgo, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa (Concepción).
Juan Guillermo Muñoz, Universidad de Santiago de Chile.
Carolina Andaur Marín, Universidad de Talca.
Declaración Comunidad de Historiadores Mapuche.
Desde lo más profundo de nuestro corazón expresamos nuestra pena e ira ante el cobarde asesinato de nuestro peñi JAIME FACUNDO MENDOZA COLLIO, por parte de Carabineros de Chile. Institución que, junto al propio Estado y clase política chilena, ha quedado históricamente impune ante la muerte, tortura y permanente vulneración de derechos humanos de personas mapuche.
Observamos con estupor cómo carabineros ha asesinado impunemente a Alex Lemun y Matías Catrileo, este último también muerto cobardemente por la espalda durante un legítimo proceso de recuperación territorial. Existe impunidad cuando se reprime a mansalva y el resultado termina con más de un centenar de heridos a perdigones, personas fracturadas por el uso de fuerza desmedida, niños traumatizados por los continuos allanamientos a sus casas en las comunidades. Sin contar con la cantidad indeterminada de montajes policiales, que van desde la manipulación de evidencias, testigos encubiertos, robo de madera, por nombrar algunas de las muchas irregularidades de las cuales han sido participe carabineros, en complicidad con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, avaladas con las querellas que ha interpuesto el Estado, principalmente la intendencia e invocando a las leyes de Seguridad Interior del Estado y Antiterrorista.
El proceso de recuperación territorial del cual participaba nuestro peñi MENDOZA COLLIO, es expresión del legítimo derecho a recuperar el territorio que históricamente fue nuestro hasta la Invasión del Estado Chileno. Derecho que le cabe a cualquier persona mapuche. Su asesinato es un acto repugnante de amedrentamiento, expresión del Terrorismo de Estado.
A esta altura resulta una farsa la actitud de quienes criticaron (o dicen haber criticado) el Terrorismo de Estado y hoy lo aplican para profundizar el despojo, el saqueo y el colonialismo. Sindicamos a Bachelet y su gobierno como los principales responsables de lo ocurrido, por haber permitido que se prolongue el genocidio hacia nuestro pueblo y no haber atendido a la naturaleza de nuestras reivindicaciones, favoreciendo, por otro lado, el despliegue y las acciones sin contrapeso de los agentes del modelo Neoliberal que nos mantiene oprimidos. Bachelet pasará a la historia como la presidenta mujer que dejo en la impunidad los asesinatos de nuestros weichafe. Perez Yoma como un fascista, que al igual que su padre, cree que los problemas sociales se solucionan matando a las personas o entregando migajas mediante políticas y programas indigenistas. Y Rosende, fiel representante de una derecha que hoy se esconde al interior de la concertación. Qué hablar de las autoridades regionales, ante su nula capacidad de sentarse con las comunidades para dialogar, sin duda guiados por sus ineptos asesores en materia indígena. Un punto a parte nos merece Egaña y su carácter de Alto Comisionado, pues solo figurará en la historia como una pobre maniobra distractiva de propaganda en los medios de comunicación y el escenario internacional.
Ahora la historia mapuche no la escriben los perros falderos Concertacionistas, hoy en cada comunidad se están levantando pu weupife pu inakefe, retomando nuestros relatos, reconstruyendo nuestra historia de autonomía y libredeterminación. Aquella que el colonialismo truncó y que por más represión y clientelismo multicultural, volveremos a reconstruir. Ya no es privilegio de la Academia Universitaria el relato de nuestro pasado. Sin embargo agradecemos a todas las personas, a los historiadores y cientistas sociales chilenos que han demostrado su solidaridad con nuestro pueblo y un compromiso con la verdad histórica.
No pasamos por alto el hecho que cada vez que uno de los nuestros ha sido asesinado por agentes del estado, la clase política chilena (concertación y derecha principalmente), junto a los mandos policiales se hacen parte de un silencio cómplice y complacido de los grupos económicos. Toman posición para justificar la represión, la violencia y la muerte contra nuestro pueblo, traduciéndose en la implementación de iniciativas políticas distractivas e inoficiosas como la creación de la figura del Comisionado Presidencial inmediatamente posterior al asesinato de Matías Catrileo. En este sentido entendemos el reciente anuncio del gobierno de Bachelet de enviar a la región una Comisión Especial compuesta por el mismo Comisionado Presidencial y la Ministra de Planificación, entre otros.
Estos datos de nuestra historia reciente nos obligan lograr una coordinación mínima en torno a un plan de acción común como pueblo, donde la movilización social como mecanismo de presión para avanzar hacia la conquista de nuestros derechos colectivos sea la base de un necesario acuerdo.
Saludamos y respaldamos a todos aquellos peñi y lamngen que continúan en la lucha, que le dan mayor sentido al sacrificio de nuestros mártires. Del mismo modo nos hacemos parte de la pena que sufre hoy la familia de nuestro peñi JAIME FACUNDO MENDOZA COLLIO.
Comunidad de Historiadores Mapuche
Wajmapu, Nación Mapuche
Pablo Mariman Quemenado
José Millalen Paillal
Rodrigo Levil Chicahual
Héctor Nahuelpan Moreno
Sergio Caniuqueo Huircapan
Tomado de http://ukhamawa.blogspot.com
Informe Valech: Perspectiva desde la historia.
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por Gabriel Salazar
No hay duda que el dramático testimonio de 28.000 chilenos torturados (que pudieron ser 100.000 si hubieran declarado todos los que vivieron de un modo u otro esa experiencia) en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, es una verdad que está siendo diluida al lado de afuera de la historia.
Recortar, parcelar, ocultar partes o toda la memoria de esas violaciones, es un crimen cívico que más tarde o más temprano verá renacer, en actitud justiciera, la memoria de los hechos. Pues el recuerdo colectivo de los crímenes contra el pueblo puede adormecerse, pero nunca extinguirse. Del Informe Valech han dicho diversos personeros públicos –con solemnes ademanes de autoridad– que tiene gran valor “ético”, pero ningún valor “judicial”. Lo cual equivale a decir que, según lo primero, ese Informe tiene virtudes que son, en cierto modo, anestésicas (tranquiliza conciencias de superficie) y que, de acuerdo a lo segundo, carece de utilidad práctica para hacer justicia (implicando que la única justicia es la que dictaminan los jueces).
Se comprende que, al convertir el Informe Valech en una verdad puramente ‘ética’, se le catapulta a la alta esfera de los valores trascendentales, donde, en medio de gestos compungidos, se podrían extinguir o sublimar las responsabilidades concretas que en ese Informe se denuncian. Y que, por otro lado, al aplicarle el trámite de la trabajosa verdad ‘judicial’, se le reduce a un gesto sin capacidad para producir sentencias y penalidades. Por un lado o por otro, por tanto, el Informe Valech está siendo empujado para entrar en la posteridad sólo como una elegante invitación para reconocer vagas responsabilidades ‘institucionales’ (general Cheyre), o anónimas responsabilidades ‘individuales’ (jefe de la Armada), o para emitir ‘mea culpas’ a nombre de la humanidad (políticos), o exhortaciones a dolerse de víctimas y victimarios (jefe de la Iglesia Católica), o dignos lavados de manos para quedar libres de toda “connivencia” (Corte Suprema).
No hay duda que el dramático testimonio de 28.000 chilenos torturados (que pudieron ser 100.000 si hubieran declarado todos los que vivieron de un modo u otro esa experiencia) en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, es una verdad que está siendo diluida al lado de afuera de la historia. Que está siendo despojada, en esencia, de su historicidad. Más aun: de su contenido político. ¿Y a nombre de qué? ¿A nombre, acaso, de los derechos humanos y soberanos de la ciudadanía? ¿O a nombre del encubrimiento y salvaguarda de los poderes fácticos que han modelado y controlado (y siguen controlando) el destino de la Nación?
¿Por qué, incluso, se pretende mantener oculto por 50 años los nombres de los que torturaron por sus propias manos y de los que, por su propia mente, permitieron y supervisaron la aplicación sistemática de la técnica política y militar de torturar? ¿Por qué publicar la verdad relativa a la víctima y no la relativa al victimario, por qué cercenar una verdad en la que están unidos ambos, los dos, indisolublemente, en los hechos, en los significados y en la posteridad?
Los testimonios recogidos en el Informe Valech, además de su valor ético o judicial, tienen el enorme valor de ser testimonios ciudadanos y, como tales, son testimonios nacionales. Y éstos no se validan sólo en ámbito ilimitado de lo ético o en el ámbito limitado de lo judicial, sino en el ámbito dinámico y expansivo de lo histórico y, sobre todo, de lo político.
Los historiadores sabemos que las certezas ciudadanas constituyen verdades históricas. Y que los testimonios del Informe Valech tienen ese carácter, lo prueba el hecho de que nadie ha osado dudar de ellos. Todos han debido desfilar ante ellos y reverenciar su verdad, pues ésta tiene la majestad soberana de la memoria histórica. Por esto, da lo mismo que sirvan para alimentar procesos judiciales o no (sin embargo, su contenido de verdad colectiva debiera tener peso judicial), porque su destino real es activar procesos históricos y políticos, que es donde se ejercitan los derechos de todos y adquiere sentido real la soberanía ciudadana (que a su vez está por encima de toda ley positiva, venga ésta de un consenso ciudadano previo, o de mano de un dictador).
Por esto mismo, es un delito de lesa soberanía asumir los testimonios nacionales por parcialidades, doliéndose junto a las víctimas pero apartando y ocultando a los victimarios carnales y políticos, individuales e institucionales, que violaron los derechos humanos y ciudadanos. Recortar, parcelar, ocultar partes o toda la memoria de esas violaciones, es un crimen cívico que más tarde o más temprano verá renacer, en actitud justiciera, la memoria de los hechos. Pues el recuerdo colectivo de los crímenes contra el pueblo puede adormecerse, pero nunca extinguirse.
¿Y cuáles podrían ser las tareas históricas y políticas que se desprenden de los testimonios ciudadanos del Informe Valech? Tentativamente, tres: 1) dejar a la luz, plenamente expuestos, a todos los responsables materiales y políticos de las violaciones cometidas a los derechos humanos y ciudadanos de los chilenos; responsables individuales e institucionales (las instituciones no son otra cosa que un conjunto de individuos que administran un mismo estatuto, que ellos mismos u otros han establecido); 2) juzgar cívica, histórica y políticamente a las instituciones involucradas en esas violaciones: las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la clase política y otras agencias con poder fáctico, que no sólo desde 1973, sino desde el siglo XIX, han venido actuando no para desplegar la soberanía ciudadana y la unidad de los chilenos, sino para limitarla y victimizar a unos en beneficio de otros; 3) potenciar en todos sus aspectos el poder ciudadano, a objeto de controlar, juzgar y sustituir permanentemente las instituciones y los individuos que no actúen en línea con la verdadera voluntad, necesidades e intereses de la comunidad nacional.
El Informe Valech, en tanto testimonio histórico ciudadano, no puede ser administrado sólo por las instituciones del Estado. Ni por los mismos poderes que en ese Informe se denuncian y que hoy, reverenciándose los unos a los otros, tratan de escamotear de ese Informe su proyección histórica y política (el “mea culpa” implica, para las víctimas, deshistorizar el pasado, y su par: el “nunca más”, deshistorizar el presente). Se trata de la verdad histórica de la sociedad civil, que debe ser asumida por ésta, y por nadie más.
La Historia de Chile indica que este Informe es una oportunidad para que esa sociedad civil, el pueblo mismo, comience a romper la ya excesivamente larga tradición según la cual los poderes fácticos son los únicos que pueden administrar (regular, recortar, ocultar, escamotear) las verdades contenidas en la memoria histórica de la gran mayoría de los chilenos.
Gabriel Salazar. Historiador y vicepresidente del área identidad cultural de Corporación Representa.
Tomado de El Mostrador.
