Manifiesto de Historiadores I.

I

 

De un tiempo a esta parte hemos percibido un recrudecimiento notorio de la tendencia de algunos sectores de la sociedad nacional a manipular y acomodar la verdad pública sobre el último medio siglo de la historia de Chile, a objeto de justificar determinados hechos, magnificar ciertos resultados y acallar otros; casi siempre, con el afán de legitimar algo que difícilmente es legitimable y tornar verdadero u objetivo lo que no lo es, o es sólo la autoimagen de algunos grupos. Esta tendencia se ve facilitada por el acceso que esos sectores y grupos tienen, de modo casi monopólico, a los medios masivos de comunicación, lo que les permite, por la vía de una extensa e impositiva difusión, dar una apariencia de verdad pública a lo que es, en el fondo, sólo expresión históricamente distorsionada de un interés privado.

 

La profusa difusión de verdades históricas manipuladas respecto a temas que inciden estratégicamente en la articulación de la memoria histórica de la nación y por ende en el desarrollo de la soberanía civil, nos mueve, a los historiadores que abajo firman, a hacer valer el peso de nuestra parecer profesional y la soberanía de nuestra opinión ciudadana sobre el abuso que la difusión de esas supuestas verdades implica.

 

En gran medida, la manipulación se observa en el juicio histórico sobre:

 

a) El proceso democrático anterior al golpe militar de 1973; b) el proceso político bajo condiciones de dictadura que le siguió (1973-1990) y c) sobre los problemas de derechos humanos y soberanía suscitados durante y después del advenimiento del último proceso.

 

Estimamos que esa manipulación se observa, en su versión más extrema y simple, en la difundida “Carta a los Chilenos” del ex-general Augusto Pinochet; en su versión más historiográfica y profesional, en los “Fascículos” publicados por el historiador Gonzalo Vial en el diario La Segunda, y en su forma más coyuntural y pragmática, en los alegatos, explicaciones y justificaciones esgrimidas “ante las cámaras” por miembros de la clase política civil y de la clase política militar respecto a las graves cuestiones de derechos humanos y soberanía que se están ventilando, sobre todo, en la Cámara de los Lores, de Inglaterra. Tres formas y manifestaciones distintas de un mismo tipo de manipulación de la Historia, que intentan legitimar y justificar un tipo de situación y un conjunto de intereses privados que, objetivamente, no representan ni la situación ni los intereses de la mayoría de los chilenos.

 

Ante esto, nos sentimos obligados a plantear lo que sigue:

 

II

 

En su “Carta a los Chilenos”, el ex-general Pinochet plantea, entre otras, tres “verdades históricas”:

 

a) que la intervención dictatorial de los militares entre 1973 y 1990 fue Una “gesta, hazaña o epopeya” de carácter nacional; b) que la crisis política de la anterior democracia fue obra exclusive del gobierno de la Unidad Popular, cuyo programa se proponía, con la “prédica del odio, la venganza y la división” y la “siniestra ideología del socialismo marxista”, imponer Una “visión atea y materialista… con un sistema implacablemente opresor de sus libertades y derechos… ; el imperio de la mentira y el odio”, y c) que “los hombres de armas” actuaron como “reserva moral de la nación” para reimplantar la “unidad del país… no para un sector o para un partido”, el “respeto a la dignidad humana”, la “libertad de los chilenos”, y dar “verdaderas oportunidades a los pobres y postergados”.

 

Respecto a la primera afirmación, queremos decir que en Historia se asigna la expresión “gesta, hazaña o epopeya nacional” sólo a las acciones decididas y realizadas mancomunadamente por todo un pueblo, nación o comunidad nacional, actuando en ejercicio de su soberanía. Tal como, durante siglos, el pueblo mapuche luchó contra los invasores, o como se movilizó el pueblo chileno, después de 1879, en la Guerra del Pacifico. Es por eso que llamar “gesta, hazaña o epopeya nacional” a la acción armada que “un” sector de chilenos emprendió contra “otro” sector de chilenos, implica un uso particularista, abusivo y coyuntural de un termino que tiene un significado más trascendente. En rigor, ese tipo de acción no es una gesta nacional, sino Una acción faccionalista (independientemente de que triunfe o no). Si la “facción” de chilenos que dio y apoyó el golpe militar de 1973 considera que esa (su) acción fue una “gesta nacional”, entonces también debería llamarse “gesta” al intento realizado, entre 1932 y 1973, por la facción” de chilenos derrotada por ese golpe, puesto que durante ese periodo procuró alcanzar el desarrollo económico y social del país luchando legalmente “contra” la facción opositora que, durante todo ese tiempo, estorbó sus planes. Es necesario diferenciar entre el “faccionalismo” que opera a través de la ley (caso de los derrotados en 1973) y el que opera a través de las armas (caso de los vencedores en 1973), pues un movimiento faccional democrático y legalista está más cerca de ser una “gesta nacional” que un “movimiento armado.

 

Respecto a la segunda afirmación, cabe decir que la crisis de 1973 no se debió sólo a la conducta gubernamental de la Unidad Popular (en verdad, ningún historiador serio caricaturizaría esa conducta reduciéndola a “prédica del odio”, a implementación de ideologías “siniestras”, a la “opresión” que sus reformas ejercieron sobre ciertos intereses y derechos, o al “imperio de la mentira” que habría primado en el fundamento de sus reformas) sino también -y no poco- a procesos históricos de larga duración, cuyo origen puede rastrearse en el siglo XIX, o antes. De hecho, la Unidad Popular administró (y precipitó) una crisis que tenia no sólo carácter político sino también, y sobre todo, económico y social, la cual se habla larvado cuando menos un siglo antes, lapso en el que la responsabilidad histórica no cabe imputaría ni al marxismo ni a los partidos de centro – izquierda, sino a la longeva rotación e inepcia gubernamental de las ó1ites oligárquicas de este país. Es preciso considerar que las crisis “pre-populistas” de 1851, 1859, 1890-1891, 1907-1908, 1924, 1930-1932 y las crisis “desarrollistas” de 1943, 1947, 1955, 1962 y 1967-1969 revelan, en conjunto, que el daño estructural causado por un siglo de gobiernos oligárquicos y neo-oligárquicos era de difícil remonte por vías democráticas (como el economista Tom Davis, de Chicago, señaló en 1957). Por esto, el intento de “reducir” la crisis estructural de la sociedad chilena a la crisis “política” del periodo 1970-1973, y la responsabilidad histórica estratégica al programa reformista de la Unidad Popular, no tiene cabida en la 1ógica del análisis científico, por más que la tenga en la lógica del alegato faccional. Ni la tiene en la visión de los verdaderos estadistas, que miran la situación del conjunto de los chilenos en el conjunto de su historia. Es lamentable que ni la lógica de la ciencia histórica ni la 1ógica del verdadero estadista aparezcan en la “Carta a los Chilenos” del ex-general Pinochet, pues los términos derogatorios que usa para referirse a las opciones y acciones soberanas de la facción de chilenos que, en marzo de 1973, copaban 43,3 % del electorado nacional (sin considerar los votantes de la Democracia Cristiana) revelan que su 1ógica no es más que la de un cabecilla faccional y no la de un estadista nacional.) ¿Por qué condenar derogatoriamente las opciones soberanas de casi la mitad de los chilenos? ¿Es esa derogación necesaria para desplazar y cargar sobre ellos no sólo la responsabilidad de sus errores propios, sino también la que corresponde a todos los errores oligárquicos del pasado y a todos los excesos de la facción triunfalista en el presente? Para inculpar a otros de las responsabilidades propias ¿es necesario denostar?

 

Respecto a la tercera afirmación (que los “hombres de armas”, actuando como “reserva moral”, lucharon por la unidad del país, y la dignidad humana de los chilenos, etc.), cabe decir que no se lucha por la unidad de la nación cuando se usan las “armas de la nación” contra casi la mitad de los connacionales; no se lucha por la dignidad de los chilenos cuando se violan los derechos humanos de miles de desaparecidos, centenas de miles de torturados, prisioneros, exonerados, etc. Ni se aseguran “verdaderas oportunidades para pobres y postergados” cuando se instala autoritariamente un régimen laboral que descansa en la masiva precarización del empleo y en un hipermercantilizado sistema de educación superior. Ni, por último, podemos llamar “reserva moral de la nación” a los que, faccionalmente, declaran la “guerra sucia” a la mitad de la nación, a los que violan la dignidad humana de sus connacionales e incurren en asesinatos de opositores políticos dentro y fuera del país, y a los que invocan el principio superior de la “soberanía” para intentar justificar e inmunizar los atentados que perpetraron contra ella. Las “armas de la nación” no deben usarse faccionalmente, ni en beneficio exclusive de minorías, ni para usurpar la soberanía de todos. Si se usan de ese modo, se incurre en un delito de lesa soberanía. El que no puede taparse con pueriles mantos de piedad y públicas confesiones de que se cuenta con la asistencia personal de Dios y la Santísima Virgen.

 

III

 

En la serie de fascículos que está publicando en el diario La Segunda, el historiador Gonzalo Vial postula las siguientes tesis históricas:

 

a) la polarización de la política chilena se produjo a partir de los años 60, al implementarse las “planificaciones globales” de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, de preferencia “contra” los agricultores y otros sectores patronales vinculados a la Derecha; b) la “violencia” se introdujo en Chile por la vía del “guevarismo” y tuvo como objetivo “la división de las Fuerzas Armadas”, la “colonización” del Centro Político y la profundización del ataque “contra” los patrones; c) ante todo eso, la Derecha se polarizó, entrando también en el juego de la violencia, dada la “horrible perspectiva” del triunfo de Allende; d) las Fuerzas Armadas eran legalistas, pero debieron intervenir cuando la “ilegalidad se usó como sistema” y diversos sectores, ante la crisis, buscaron soluciones de fuerza (“guerra civil”) y, e) por omisión – dado que sus fascículos abarcan sólo el periodo 19ó4-1973- el historiador Vial excluye todo juicio histórico sobre el “terrorismo de Estado” que la Junta Militar desplegó durante y después que logró controlar militarmente la situación (o sea, una semana después del 11 de septiembre).

 

En conjunto, las tesis históricas de Gonzalo Vial se refieren al periodo que permite explicar (y justificar) el Golpe de Estado de 1973, y están arregladas de modo de atribuir, a los afectados por ese golpe (las facciones que implementaban “planificaciones globales” y las que desestimaron la vía electoral-parlamentaria), la responsabilidad “provocativa” de la crisis, por haber creado las condiciones de inestabilidad, ilegalidad y violencia que hicieron ineludible y necesaria la acción militar. Las tesis no están diseñadas, pues, para explicar o justificar por qué se llegó al “exceso” de implementar “planificaciones globales” desde 19ó4, ni para explicar o justificar por qué el gobierno militar perpetró una impresionante cantidad de “excesos” después de 1973. El estudio se aplica a un periodo parcial, para configurar una verdad también parcial, que se liga, según todo lo indica, a un interés faccional.

 

Frente a este enfoque, queremos señalar:

 

a) la polarización de la política no se debió tanto al carácter “intransigente” de las planificaciones globales introducidas desde 1964, sino más bien al efecto acumulado de la estagnación económica y la crisis social, que se arrastraban de, cuando menos, comienzos de siglo (la polarización antagónica de la política la inició el estallido de la “cuestión social”, que la Encíclica Rerum Novarum percibió ya en 1891); b) el incremento de la violencia social-popular y la radicalización política de una parte de la izquierda y de un sector relevante de la juventud chilena no se debió sólo al “embrujo” del guevarismo -que fue posterior a 19ó0-, sino a la reiterada “constatación” del fracaso de los gobiernos radicales, del de Carlos Ibáñez y del empresario Jorge Alessandri, todos los cuales reprimieron con violencia la protesta social y explicaron su fracaso por haber gobernado maniatados por el rígido texto (liberal) de la Constitución de 1925 y el célebre obstruccionismo intransigente de la mayoría senatorial; c) la implementación de reformas estructurales “contra” los agricultores y otros grandes propietarios no fue “intransigente” sólo por faccionalismo, sino también por la necesidad de remover los dañinos intereses que se hablan enquistado en la estructura económica social y política del agro, provocando allí el subdesarrollo del capitalismo y la explotación laboral -longeva de siglo y medio- de los peones y trabajadores de la tierra; reformas que no tenían otro fin que incorporar esos “muertos económicos” a la economía “viva” del mercado nacional; d) la resistencia patronal a las reformas estructurales de tipo económico y social habla surgido con anterioridad a las “planificaciones” (los gobiernos radicales y el del propio Jorge Alessandri fueron afectados por esa oposición), de modo que, después de 19ó5 y de 1970, lo que hubo no fue el “surgimiento” de esa resistencia sino su “escalada” política ya que los patrones pasaron, de la simple protesta escrita y la no colaboración, a plantear frontalmente -en progresiva asociación con una potencia extranjera- la desestabilización de la economía y del gobierno, a cuyo efecto lanzaron, primero, la “acusación constitucional”; e) dada la sólida votación lograda por la Unidad Popular en marzo de 1973 (43,3 %), las fuerzas de Derecha desecharon el trámite parlamentario para impulsar el golpe militar (se arrojó maíz al paso de los soldados, acusándolos de “gallinas”), y f) tensado al máximo el orden constitucional (con riesgo, según Vial, de “guerra civil”), las Fuerzas Armadas no intervinieron, sin embargo, para reimponer la Constitución, ni convocar la ciudadanía a un Asamblea Nacional que acordara soberanamente una nueva Constitución, ni para impulsar la reunificación nacional (que era pertinente para “pacificar” el país), sino para destruir el poder político de la Izquierda y aun (si se analiza finamente) del Centro, a cuyo efecto consumaron una masacre y una violación de derechos humanos y civiles sin parangón en la historia de Chile.

 

Como se aprecia, la lógica de la manipulación histórica es la misma en el caso de la “Carta” del ex-general Pinochet y en el caso de los “Fascículos” del historiador Vial, pues coinciden plenamente en: la reducción del proceso histórico al periodo en que es posible justificar el Golpe de 1973: el silenciamiento de los procesos históricos estructurales y de la correspondiente responsabilidad oligárquica acumulada; la atribución de la crisis política de 1973 a la implementación de las reformas económicas y sociales; la ineludible y moralista intervención armada de los militares, y el acallamiento de los excesos faccionales cometidos por el gobierno militar después de 1973. La mayor riqueza factual y contextual de los fascículos de Vial en nada disminuye ni disimula su ostensible identidad discursiva y “faccional” con la arenga del citado ex-general.

 

IV

 

Diversas autoridades de gobierno y altos oficiales de las Fuerzas Armadas han defendido “ante las cámaras”, con calor inusitado, la tesis de que el enjuiciamiento incoado en Inglaterra y/o España contra el ex-general Pinochet es un atentado contra la soberanía nacional, por lo que seria un deber patriótico defender al ex-general con todos los recursos del Estado. Que, si ha de ser juzgado, que lo sea por las leyes chilenas. Se ha proclamado y sostenido, a este efecto, la tesis de que el “principio” de la soberanía nacional (en este caso, según el texto constitucional de 1980) está por encima no sólo de los “actos delictuales” de cualquier connacional, sino también sobre la red internacional de derechos humanos. El Gobierno ha dado a ese principio una validez suprema, dentro y fuera del país, subordinando o postergando todo otro principio, incluso la demanda de justicia que emana de los miles y miles de chilenos afectados por esas violaciones y de los ciudadanos del mundo que solidarizan con ellos. Aquí cabe la siguiente pregunta: ante los crímenes contra la humanidad ¿qué vale más? ¿El “principio” de soberanía nacional -según se defina en la constitución, leyes y decretos promulgados por el mismo gobierno dictatorial que “comandó” esos crímenes-, o el “principio” de justicia que los afectados y la humanidad misma quieren aplicar? ¿Qué está hoy defendiendo el Estado chileno?

 

Nuestro parecer es que la cuestión de la soberanía y de los derechos humanos es la materia última, esencial, de que trata la Historia. La soberanía emana de la libertad individual y colectiva, y los derechos humanos constituyen la consagración jurídica universal de esa dignidad soberana. La historia no es sino el ejercicio de esa soberanía y la revalidación continua de esos derechos. La Constitución y las Leyes, en tanto expresan la voluntad soberana de la comunidad nacional, son legítimas. Si -y sólo si- la expresan, se puede decir que representan soberanía. Cuando se respeta la voluntad legisladora de la comunidad ciudadana se respeta también, simultáneamente, el más fundamental de los derechos humanos: la posibilidad de que esa comunidad pueda construir por si misma la realidad que estime conveniente. Cuando la soberanía ciudadana es usurpada por unos pocos, cuando esos pocos dictan leyes para pocos pero pretenden aplicaría para todos, cuando esas leyes se imponen por la fuerza de las armas y no por la voluntad libre e informada de todos los ciudadanos, no se está en presencia de la soberanía, sino de actos usurpatorios de soberanía.

 

Las leyes que se dictan en estado de usurpación soberana, no son legítimas. Los tribunales, jueces y policías que actúan en función de ellas, no expresan la justicia soberana, sino intereses de usurpación y de los (pocos) beneficiados con ello. No es verdadera justicia. Los dispositivos regales que imponen los usurpantes para protegerse a si mismos de la justicia soberana o de la justicia internacional, no son expresión de soberanía. Son, simplemente, su burla.

 

Lamentamos que en Chile actual las clases dirigentes están “deduciendo” la soberanía del texto constitucional de 1980, sin importar si éste fue producto soberano de una informada decisión popular, o de una imposición faccional de los poderes fácticos. Sin importar si se usa “esa” soberanía para defender los derechos del pueblo, o para defender los intereses de los dictadores que usurparon y violaron los derechos del pueblo. Si, en fin, se usa esa soberanía para hacer justicia a los asesinados y torturados, o para proteger a los que ampararon esos crímenes.

 

Así, de ese modo, no se hace historian sino anti-historia. Y por ello, anteponer esos “principios” a la verdad de los hechos y a los derechos soberanos revela, no una vocación ciudadana de servicio público, sino una burla faccional contra lo público.

 

V

 

La historia no es sólo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. La historia es proyección. Es la construcción social de la realidad futura. El más importante de los derechos humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por si mismos la realidad futura que necesitan. No reconocer ese derecho, usurpar o adulterar ese derecho, es imponer, por sobre todo, no la verdad, sino la mentira histórica. Es vaciar la verdadera reserva moral de la humanidad.

 

Santiago, enero 25 de 1999.

 

Mario Garcés Duran, Doctor en Historia (c). Director de ECO (Educación y Comunicaciones.)

Sergio Grez Toso, Doctor en Historia. Director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.

Maria Eugenia Horvitz, D.E.A. Profesora Departamento de Historia, Universidad de Chile.

Maria Angélica Illanes, Doctor en Historia (c). Profesora Instituto Estudios Humanísticos, Universidad de Chile.

Leonardo León Solís, Doctor en Historia (c). Profesor Departamento de Historia, Universidad de Valparaíso.

Pedro Milos, Doctor en Historia. Profesor Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Julio Pinto Vallejos, Doctor en Historia. Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago.

Armando de Ramón Folch, Premio Nacional de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Jorge Rojas Flores, Licenciado en Historia y Magíster en Ciencias Sociales. Investigador del P.E.T.

Gabriel Salazar Vergara, Doctor en Historia. Profesor Departamento de Historia, Universidad de Chile.

Verónica Valdivia Ortiz de Zarate, Magíster en Historia. Profesora Universidad de Santiago.

 

 

(Esta lista incluye sólo los que firmaron hasta el 27/01/1999. Este documento fue refrendado por muchos otros historiadores, y fue publicado por LOM Ediciones con una serie de reacciones al documento).

 

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