De la catástrofe natural a la ira popular.

Igor Goicovic Donoso, especial para G80.

El terremoto y posterior tsunami que afectó a una parte importante del territorio de Chile en la madrugada del sábado 27 de febrero, y que hasta la fecha ha provocado la muerte de más de 800 personas, puso al descubierto una serie de problemas que la prensa oficial ha denominado, eufemísticamente, como “terremoto social”. Miles de personas, especialmente en las ciudades más afectadas por la catástrofe (Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel, Constitución, entre muchas otras), salieron a las calles a recuperar por cuenta propia los alimentos y el agua que las autoridades y las cadenas de supermercados, se negaban a distribuir rápida y eficientemente. En su desesperación y angustia, y dando cuenta de una profunda tradición histórica, los más pobres, y a la vez los más golpeados por el desastre, no se contuvieron. En una explosión desbordante de rabia y necesidad arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Ello, evidentemente, favoreció el exceso y, en algunas circunstancias, el despliegue de conductas delictivas. Pero estas conductas puntuales no pueden encubrir el problema de fondo: Quienes salieron a las calles a reclamar y recuperar de hecho lo que necesitaban fueron las más pobres. Hombre, mujeres y niños, muchos de ellos agrupados como núcleos familiares o como redes comunitarias. Aquellos que sistemáticamente el capitalismo ha explotado, reprimido y excluido. Aquellos que en las visitas oficiales de autoridades extranjeras y en el discurso público son sistemáticamente encubiertos. Aquellos a los cuales se pretende integrar precariamente a través del trabajo ocasional y del consumo marginal. Aquellos que son recluidos en liceos gueto donde se les condena reproducir el fracaso del sistema educacional. Aquellos que no reciben prestaciones de salud de calidad, porque la medicina se convirtió en mercancía y los médicos, hace mucho tiempo, perdieron su “vocación social”. Aquellos para los cuales se organizan planes cuadrantes y cárceles concesionadas. Aquellos que en los informes de MIDEPLAN y del PNUD continúan representando un 14% de la población. Una población a la que generalmente no queremos ver y cuando se nos configura en la cotidianeidad mediática lo hace transgrediendo el “orden burgués”.

No es extraño, entonces, que ante el “clamor ciudadano” (aquel que fue inducido por los medios de comunicación burgueses y que expresó la demanda de la derecha y del capital), el Gobierno haya decretado el Estado de Catástrofe Nacional, medida que, a su vez, permite la imposición del toque de queda y el despliegue de fuerza militares en las ciudades afectadas por el vendaval popular. Así, las imágenes del pasado dictatorial retornaron nuevamente al escenario del Chile actual: Milicos armados hasta los dientes deteniendo y golpeando a los más pobres; poniendo cerco a las principales poblaciones populares y custodiando los centros comerciales y financieros del gran capital. Da pena y rabia  comprobar que las demandas de los pobres, expresadas en contingencias críticas, continúan siendo enfrentadas con la fuerza de las armas. La paradoja radica en que los delincuentes que inmediatamente después de la catástrofe comenzaron a subir los precios de los artículos de primera necesidad o aquellos que comenzaron a acaparar recursos básicos para posteriormente medrar con precios más altos, no han sido denunciados y mucho menos sancionados como se lo merecen.

Tampoco, hasta el momento, han recibido el castigo que se merecen aquellos que con negligencia criminal (en la Armada y el Gobierno) no informaron adecuadamente a la población del litoral central del tsunami que posteriormente afectó a la población ribereña. Ellos son los responsables directos de la muerte de más de 500 personas en esta catástrofe. En relación con ello cabe consignar que ninguna persona ha muerto como consecuencia directa de los saqueos llevados a cabo por la población.

No se trata de justificar la violencia criminal del lumpen que, regularmente y en su extrema cobardía, no ataca al capital y a sus defensores (salvo cuando replegado en la masa actúa sobreseguro); por el contrario, estos cobardes, habitualmente, atacan a los más pobres y de ellos medran a través del narcotráfico, imponiendo en las poblaciones la ley del más fuerte (que no es otra que la de aquel que porta las armas). Esos parásitos sólo se merecen el desprecio. Tampoco se debe desconocer que en estos actos participaron activamente sujetos provenientes de estratos sociales más acomodados; aquellos que se desplazaban en camionetas y camiones y que se dedicaron sistemáticamente a robar artículos electrónicos, de línea blanca e incluso maquinaria pesada. Distinto es el caso de los sectores populares que agobiados permanentemente por la miseria y afectados coyunturalmente por la catástrofe, han salido a las calles a recuperar por su propios medios los recursos que necesitan para subsistir. Su legítimo accionar ha puesto al descubierto todas las inequidades e injusticias que el sistema neoliberal, montado por la Dictadura y afianzado por la Concertación, ha instalado en nuestro país. No sólo ha develado, una vez más, la existencia de la pobreza; también ha puesto de manifiesto que hace mucho tiempo late en el seno del pueblo más pobre una rabia contenida que episódicamente se desborda, poniendo en jaque la institucionalidad y los valores más preciados del orden burgués. Y ello tiene que ver con el Chile que sistemáticamente se nos ha querido imponer y del cual ahora, como en otras etapas de nuestra historia, las clases dominantes se horrorizan. El Chile escindido. Aquel que no toma vacaciones en el Caribe, sino que con suerte va un domingo de febrero al balneario local. Aquel que se apiña solidariamente en 40 mts.2 construidos, pero que eventualmente conoce los departamentos de 6.000 UFs de las principales ciudades del país, porque presta servicios de aseo o jardinería para la burguesía. Aquel que cotidianamente ocupa entre 2 y 4 horas de su vida para desplazarse desde su hogar hasta su empleo en micros atestadas, mientras sus  patrones y gerentes utilizan automóviles último modelo. Aquel que percibe como salario mensual el mismo dinero que su patrón se gasta en una noche de diversión. Estas inequidades no sólo han sembrado frustración y desesperanza; también han engendrado un profundo odio de clase del cual, al parecer, sus instigadores materiales no son conscientes. Por ello cuando la plebe insurrecta emerge desde la periferia urbana se aterran; y sus corifeos, en los medios de comunicación, desatan la letanía criminalizadora de siempre; terroristas ayer, anarquistas y encapuchados más tarde, saqueadores hoy día. La misma putrefacta monserga de siempre para banalizar o encubrir los problemas estructurales que arrastra esta sociedad desde hace más de tres décadas.

No se trata tampoco de idealizar el reventón popular y pretender que éste, en sí mismo, adquiera el estatuto de hecho político. Efectivamente, en estos momentos esa rabia carece de orientación política y de metas claras; es pura pasión e intuición popular. En consecuencia le resulta fácil al Estado burgués y a sus organismos represivos encuadrarla y reprimirla. De esta manera, tras el vendaval de ira popular los más pobres retornan nuevamente a su miseria, pero esta vez más golpeados y heridos. La ira popular es sólo la expresión de una malestar profundo y es también la demostración inveterada de que el pueblo movilizado ha constituido históricamente una fuerza social y política de grandes proporciones. Le corresponde, entonces, a las aletargadas organizaciones revolucionarias chilenas, ensimismadas en un diletantismo retórico estéril, en el caudillismo y en el cortoplacismo, ponerse a la cabeza de la rabia popular y convertirla en fuerza social y política revolucionaria. De lo contrario no habremos aprendido nada, como en otras ocasiones, de esta dolorosa tragedia.

 Igor Goicovic Donoso

Quilpue, 4 de marzo de 2010

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