Informe Valech: Perspectiva desde la historia.

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por Gabriel Salazar

No hay duda que el dramático testimonio de 28.000 chilenos torturados (que pudieron ser 100.000 si hubieran declarado todos los que vivieron de un modo u otro esa experiencia) en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, es una verdad que está siendo diluida al lado de afuera de la historia.

Recortar, parcelar, ocultar partes o toda la memoria de esas violaciones, es un crimen cívico que más tarde o más temprano verá renacer, en actitud justiciera, la memoria de los hechos. Pues el recuerdo colectivo de los crímenes contra el pueblo puede adormecerse, pero nunca extinguirse. Del Informe Valech han dicho diversos personeros públicos –con solemnes ademanes de autoridad– que tiene gran valor “ético”, pero ningún valor “judicial”. Lo cual equivale a decir que, según lo primero, ese Informe tiene virtudes que son, en cierto modo, anestésicas (tranquiliza conciencias de superficie) y que, de acuerdo a lo segundo, carece de utilidad práctica para hacer justicia (implicando que la única justicia es la que dictaminan los jueces).

Se comprende que, al convertir el Informe Valech en una verdad puramente ‘ética’, se le catapulta a la alta esfera de los valores trascendentales, donde, en medio de gestos compungidos, se podrían extinguir o sublimar las responsabilidades concretas que en ese Informe se denuncian. Y que, por otro lado, al aplicarle el trámite de la trabajosa verdad ‘judicial’, se le reduce a un gesto sin capacidad para producir sentencias y penalidades. Por un lado o por otro, por tanto, el Informe Valech está siendo empujado para entrar en la posteridad sólo como una elegante invitación para reconocer vagas responsabilidades ‘institucionales’ (general Cheyre), o anónimas responsabilidades ‘individuales’ (jefe de la Armada), o para emitir ‘mea culpas’ a nombre de la humanidad (políticos), o exhortaciones a dolerse de víctimas y victimarios (jefe de la Iglesia Católica), o dignos lavados de manos para quedar libres de toda “connivencia” (Corte Suprema).

No hay duda que el dramático testimonio de 28.000 chilenos torturados (que pudieron ser 100.000 si hubieran declarado todos los que vivieron de un modo u otro esa experiencia) en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, es una verdad que está siendo diluida al lado de afuera de la historia. Que está siendo despojada, en esencia, de su historicidad. Más aun: de su contenido político. ¿Y a nombre de qué? ¿A nombre, acaso, de los derechos humanos y soberanos de la ciudadanía? ¿O a nombre del encubrimiento y salvaguarda de los poderes fácticos que han modelado y controlado (y siguen controlando) el destino de la Nación?

¿Por qué, incluso, se pretende mantener oculto por 50 años los nombres de los que torturaron por sus propias manos y de los que, por su propia mente, permitieron y supervisaron la aplicación sistemática de la técnica política y militar de torturar? ¿Por qué publicar la verdad relativa a la víctima y no la relativa al victimario, por qué cercenar una verdad en la que están unidos ambos, los dos, indisolublemente, en los hechos, en los significados y en la posteridad?

Los testimonios recogidos en el Informe Valech, además de su valor ético o judicial, tienen el enorme valor de ser testimonios ciudadanos y, como tales, son testimonios nacionales. Y éstos no se validan sólo en ámbito ilimitado de lo ético o en el ámbito limitado de lo judicial, sino en el ámbito dinámico y expansivo de lo histórico y, sobre todo, de lo político.

Los historiadores sabemos que las certezas ciudadanas constituyen verdades históricas. Y que los testimonios del Informe Valech tienen ese carácter, lo prueba el hecho de que nadie ha osado dudar de ellos. Todos han debido desfilar ante ellos y reverenciar su verdad, pues ésta tiene la majestad soberana de la memoria histórica. Por esto, da lo mismo que sirvan para alimentar procesos judiciales o no (sin embargo, su contenido de verdad colectiva debiera tener peso judicial), porque su destino real es activar procesos históricos y políticos, que es donde se ejercitan los derechos de todos y adquiere sentido real la soberanía ciudadana (que a su vez está por encima de toda ley positiva, venga ésta de un consenso ciudadano previo, o de mano de un dictador).

Por esto mismo, es un delito de lesa soberanía asumir los testimonios nacionales por parcialidades, doliéndose junto a las víctimas pero apartando y ocultando a los victimarios carnales y políticos, individuales e institucionales, que violaron los derechos humanos y ciudadanos. Recortar, parcelar, ocultar partes o toda la memoria de esas violaciones, es un crimen cívico que más tarde o más temprano verá renacer, en actitud justiciera, la memoria de los hechos. Pues el recuerdo colectivo de los crímenes contra el pueblo puede adormecerse, pero nunca extinguirse.

¿Y cuáles podrían ser las tareas históricas y políticas que se desprenden de los testimonios ciudadanos del Informe Valech? Tentativamente, tres: 1) dejar a la luz, plenamente expuestos, a todos los responsables materiales y políticos de las violaciones cometidas a los derechos humanos y ciudadanos de los chilenos; responsables individuales e institucionales (las instituciones no son otra cosa que un conjunto de individuos que administran un mismo estatuto, que ellos mismos u otros han establecido); 2) juzgar cívica, histórica y políticamente a las instituciones involucradas en esas violaciones: las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la clase política y otras agencias con poder fáctico, que no sólo desde 1973, sino desde el siglo XIX, han venido actuando no para desplegar la soberanía ciudadana y la unidad de los chilenos, sino para limitarla y victimizar a unos en beneficio de otros; 3) potenciar en todos sus aspectos el poder ciudadano, a objeto de controlar, juzgar y sustituir permanentemente las instituciones y los individuos que no actúen en línea con la verdadera voluntad, necesidades e intereses de la comunidad nacional.

El Informe Valech, en tanto testimonio histórico ciudadano, no puede ser administrado sólo por las instituciones del Estado. Ni por los mismos poderes que en ese Informe se denuncian y que hoy, reverenciándose los unos a los otros, tratan de escamotear de ese Informe su proyección histórica y política (el “mea culpa” implica, para las víctimas, deshistorizar el pasado, y su par: el “nunca más”, deshistorizar el presente). Se trata de la verdad histórica de la sociedad civil, que debe ser asumida por ésta, y por nadie más.

La Historia de Chile indica que este Informe es una oportunidad para que esa sociedad civil, el pueblo mismo, comience a romper la ya excesivamente larga tradición según la cual los poderes fácticos son los únicos que pueden administrar (regular, recortar, ocultar, escamotear) las verdades contenidas en la memoria histórica de la gran mayoría de los chilenos.

Gabriel Salazar. Historiador y vicepresidente del área identidad cultural de Corporación Representa.

Tomado de El Mostrador.

“Ejército de Chile: el fin de una visión”.

Columna de opinión del Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa.

Se ha cerrado recientemente el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). Con la misma fecha se ha creado y dado paso a la Agrupación de Seguridad Militar, unidad eminentemente especializada, reducida en dotación de personal y preparada para cumplir misiones distintas a las que efectuaba en el pasado, particularmente hasta 1990, como producto de la situación nacional e internacional de fines del siglo XX.

La creación de esta nueva unidad obedece también a una legislación reciente que busca dotar al Estado de un órgano de Inteligencia con capacidad para producir los insumos necesarios para las resoluciones del nivel político, y con el cual debemos interactuar. No constituye un mero cambio de denominación, de rostros o de lugar de trabajo. Una función como la Inteligencia y la Seguridad Militar, dada su creciente complejidad y su aporte a las decisiones en el ámbito castrense, necesita de contenido real y no de tratamientos cosméticos.

De ahí que este cierre deba ser interpretado como parte de un proceso general, progresivo y previsto por la planificación de modernización institucional, para los tiempos que se viven en la actual realidad nacional e internacional. Éstas son las que nos indican los nuevos paradigmas a seguir. Sin embargo, en estricto rigor, este cambio no es la esencia novedosa; el tema es más profundo, y el cese del BIE es sólo un hecho –desde luego importante– inserto dentro de un conjunto mayor y más relevante de planificadas acciones.

En efecto, el Ejército de Chile viene adoptando, desde hace ya varios años, decisiones tendentes a abandonar una concepción centrada en una óptica propia de la Guerra Fría. Una visión –por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo– que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros los chilenos, durante muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba.

Como consecuencia de la situación descrita el Ejército de Chile no pudo sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de los mismos en este, nuestro país. Actuó –en ese contexto– con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. En nuestro caso, unas circunstancias excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y profundamente.

Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo y como Nación, que se ha dejado atrás. Por ello, como Comandante en Jefe del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y la paz internacionales; a la realidad de un país –el nuestro– que hace suyos los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana convivencia nacional e internacional.

En esa perspectiva –como ya lo advertí– el cierre del BIE no es un hecho aislado. Concluye un proceso de cambios graduales y sucesivos entre los que destacan la nueva arquitectura del Ejército –que se sustenta en considerar a nuestros vecinos como verdaderos socios y amigos con proyectos comunes–; un proceso educativo de revalorización de los derechos humanos, una atenta revisión y reformulación de nuestra reglamentación y procedimientos y un reposicionamiento en la sociedad –a la cual nos debemos y servimos– buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una institución de todos los chilenos.

El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse.

Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa de Diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente. Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura, cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora.

Puedo afirmar pues, al ofrecer esta sintetizada cuenta del proceso de cambios que el Ejército ha venido efectuando que la institución a mi mando ha transitado desde una organización, una lógica y un actuar, que eran propios de la Guerra Fría, hacia aquella que Chile hoy nos demanda.

Me parece que con el proceso que ha vivido la institución y el país, las lecciones aprendidas por todos y la superación de las divisiones mediante la verdad y la justicia, nos encaminamos hacia un futuro promisorio que, recogiendo estas experiencias, le dé a Chile la suficiente fortaleza y cohesión de su sociedad para enfrentar un mundo complejo, competitivo y con heterogéneas amenazas. Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado, llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un protagonismo de éstas impropio de la condición militar. Esa dicotomía –como expresé en otra oportunidad– puede ser resuelta con grandeza por los chilenos. El justo medio entre estas dos desviaciones sería el paradigma virtuoso que, como sociedad, encontraríamos para establecer los límites entre el aislacionismo ciego, auto excluyente, y el tutelaje castrense.

Se trata, sin embargo, de un justo medio que no nos corresponde a los militares encontrar sino a la ciudadanía toda por intermedio de sus instituciones. Nuestra tarea en esa dirección, quizá aún incompleta, se debe limitar al tránsito institucional desde visiones del pasado, como aquella determinada por la Guerra Fría, hacia otras contemporáneas y concordantes con el Chile hoy.

Una tarea a la que seguiremos dedicando nuestros mejores y más honestos esfuerzos como militares y como chilenos.

Tomado de http://www.emol.com/noticias/documentos/cheyre.asp

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

 Preámbulo.

 Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

 Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

 Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

 Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

 Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

 Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

 Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

 La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

 Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

1.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2.- Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

 Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

 Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

 Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

 Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

 Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

 Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

 Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

 Artículo 11

1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

 Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

 Artículo 13

1.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2.- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

 Artículo 14

1.- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2.- Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

 Artículo 15

1.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2.- A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

 Artículo 16

1.- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2.- Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

 Artículo 17

1.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

 Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

 Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

 Artículo 20

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2.- Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

 Artículo 21

1.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3.- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

 Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

 Artículo 23

1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

 Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

 Artículo 25

1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1.- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3.- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

 Artículo 27

1.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2.- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

 Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1.- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2.- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3.- Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

 Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.