A propósito del 18.

 

Estamos a sólo horas de un nuevo 18 de Septiembre… en las calles comienzan a enarbolarse las banderas, desde los negocios sale el olor a las empanadas, “está buena la carne”, señala el comercial de una de las tantas empresas monopólicas del país… Hoy, comienza la temporada de fondas, y los periodistas hacen votos por ver a la Bachelet bailar un pie de cueca… y es que las tradiciones son importantes, dicen.

Todo eso, con el propósito de celebrar “nuestras” fiestas patrias… el 18, celebramos el “Día de la Independencia” y el 19, las “glorias de nuestro ejército”.

Partamos por la primera de las celebraciones. Pongámonos de pie… resuenan trompetas… “Día de la Independencia”. ¿Independencia? ¿De quién? Si nosotros vemos la historia, notaremos que la guerra de emancipación es un conflicto elitario. Es la lucha entre una misma clase. Es la lucha de la aristocracia criolla contra la aristocracia peninsular. También se nos señala a través de la historia, que es un proceso multicausal. ¿Cuáles son esas causas? Todas son causas que rodean, de una manera u otra, a la aristocracia. La fundamental, es que los criollos han sido dejados de lado, no eran tomados en cuenta para los cargos más importantes de la colonia hispánica. Sólo podían tener acceso algunos puestos de mediana importancia en el cabildo. Otra de las causas… el daño que habían producido algunas medidas económicas de la dinastía borbona, en la precaria industria “nacional”. ¿Quiénes son los dañados? Ellos. En especial, la aristocracia criolla. A ellos se les alzó los impuestos, ellos perdieron plata con la sobresaturación de mercaderías y la consecuente falta de circulante, y ellos fueron las víctimas del contrabando de los delincuentes del camino, de piratas y corsarios. Ellos son las víctimas del mal gobierno de García Carrasco… lo que se soluciona con su derrocamiento, y con la puesta de Mateo de Toro y Zambrano. Veamos a ese personaje. Un caballero anciano, 83 años, realista, manejable por su frágil memoria. Cómo será, que la prensa de farándula de la época (un chistecito no le hace mal a nadie), señalaba que el Conde de la Conquista (cargo comprado), se quedaba con la opinión del último que le hablaba. Ese fue el hombre que “dirigió” el cabildo abierto del 18 de Septiembre de 1810. El principal acuerdo de esa reunión, en la que participaron los vecinos más virtuosos (concepto muy común en “La República” de Platón) y honorables de la ciudad de Santiago, fue el juramento de lealtad al rey Fernando VII, apresado por las fuerzas napoleónicas. Y ahí está el meollo del asunto… renació una concepción medieval, con respecto a la monarquía absoluta española. El concepto es más o menos así: Dios había delegado el poder al pueblo español, y el rey les gobernaba mediante el pueblo… Dios lo había querido así. Con el rey cautivo, el poder residió en el pueblo, evidentemente estamos hablando de la aristocracia, que por la defensa de sus intereses inauguró Juntas de Gobierno. Y así comienza la lucha de “nuestra” independencia. Lucha que cuando concluye con la batalla en los llanos del Maipo (1818), deja en el poder a un hijo de esta aristocracia, que asume un poder plenipotenciario… inauguró un gobierno republicano, pero en el cual el Director Supremo ejercía un poder cuasi-monárquico. Los libros de historia oficial, no muestran a los rotos. Y es que el “bajo pueblo” debía ser moralizado, disciplinado, enseñado. Por lo mismo, Portales, señala que la democracia es el “gobierno de los ilusos”… por eso, la necesidad de un gobierno autoritario y centralizador. A fines del siglo XIX, comienzan a surgir una serie de movimientos sociales (sindicales, mancomúnales, políticas)… Es ahí, donde sale a la luz, “el viejo topo de la historia” (Marx)… Pero, es una salida a la luz, desde la colonia en adelante, ese bajo pueblo fue oprimido, reprimido, humillado, subyugado. Entonces, el 18 celebramos la Independencia de una clase, la que ostenta el poder, no la del país.

Vueeeeeeelta! Llega el 19. La Parada Militar. Esa que nos hace recordar que estamos celebrando las glorias del Ejército. De ese que ha sido “siempre vencedor, jamás vencido”. ¿A quién ha vencido? No sólo a españoles, peruanos y bolivianos… con el que ha sido infranqueable es con el “enemigo interno”. Esa victoria la logró masacrando, aplastando a sangre y fuego a nuestros compatriotas, a sus compatriotas, en 1830, en 1851-1852, en 1859, en 1891, en 1901, en 1903, 1905, 1906, 1907, 1934, 1946, 1957, 1962, 1967, 1969, y desde 1973 a 1989, entre otras. No importaba… eran los pipiolos, “liberales rojos” y finalmente, eran los marxistas… qué importaban eran los “humanoides”. Lo fue aplastando a sangre y fuego a nuestros antepasados mapuches, en lo que los siúticos denominan pacificación de la Araucanía. Qué pacificación, fue una ocupación violenta. Es ese ejército, que nació para defender al pueblo, que está manchado con la sangre de sus hermanos.

Y esto no es lo que algunos elocuentes llaman “del pasado”. O lo que otros, un poquito más inteligentes, nos invitan a estudiar en su contexto. ¿Qué contexto? Nuestra nación fue forjada con el mal endémico de la desigualdad, del autoritarismo. Tenemos una democracia que ha sido tutelada por la sombra de las bayonetas. Las clases más bajas siguen siendo reprimidas, tal vez, no por las fuerzas policiales o militares, pero si por la exclusión. Es que como dijera María Angélica Illanes, el gobierno está más preocupado de construir una república, no una democracia. Por eso, escuchamos a la presidenta hablar de la importancia de los símbolos patrios, símbolos que tienen derechos (“nadie tiene el derecho de destruirlos”). Pero esos símbolos ¿a quiénes representan? A ellos. A los triunfadores.

Es tiempo, en los cuales debemos preocuparnos más de construir una verdadera democracia, que borre las exclusiones políticas, económicas y sociales. Es tiempo que la Independencia, nos alcance a todos, no sólo con las empanadas y la carne (tipo “pan y circo” romanos), sino la independencia de verdad. La que signifique nuestra autodeterminación, una verdadera soberanía popular. Y que cuando logremos eso, podamos cuidarlo con dientes y uñas, de aquellos que siempre nos han querido someter. Sólo ahí, los que no vivimos para el tiempo del gobierno popular, respiraremos, por vez primera, los aires de la libertad.

Puente Alto, 15 de septiembre de 2006.

Luis Pino Moyano.

Discurso del general Augusto Pinochet en cerro Chacarillas con ocasión del día de la juventud el 9 de julio de 1977.

Al celebrarse hoy el Día de la Juventud que instituyéramos hace dos años en este mismo lugar, retorno a él con renovada fe en el futuro de Chile.

Concurro así a la invitación que me ha formulado el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que también celebra en esta noche el segundo aniversario de su creación, como un movimiento propio y responsable de la juventud chilena, que quiso identificar su compromiso con la defensa y proyección histórica del 11 de septiembre, uniéndolo a aquel imperecedero ejemplo de patriotismo que representa la inmolación de los 77 héroes juveniles de La Concepción.

Mi corazón de viejo soldado revive con profunda emoción el coraje insuperable de Luis Cruz Martínez y de los otros 76 jóvenes chilenos, que junto a él, en plena soledad de la sierra peruana, supieron demostrar con la entrega de sus vidas, que nuestra Patria y los valores permanentes del espíritu están por encima de cualquier sacrificio personal que su defensa pueda demandar.

Mi espíritu de Presidente de la República se llena de justificada esperanza, al contemplar que la juventud de hoy ha sabido descubrir el sello de eternidad y de exigencia que encierra para las generaciones siguientes la sangre que nuestros mártires derramaron pensando en la grandeza futura de Chile.

Como muy bien lo señaláis en el lema que habéis escogido, ellos murieron porque soñaban en una Patria libre, unida, grande y soberana. Convertir ese ideal en la más plena realidad posible, efectivamente es y será vuestra obra. Abriros diariamente el surco para que podáis emprender y proseguir esa tarea, es en cambio la difícil e irrenunciable misión que Dios y la historia han colocado sobre nuestros hombros.

Hace muy poco, de nuevo el pueblo chileno supo reeditar durante tres años de heroica lucha en contra de la inminente amenaza de totalitarismo comunista, aquel supremo grito de guerra de la Batalla de la Concepción: “Los chilenos no se rinden jamás”. Y cuando acudiendo al llamado angustioso de nuestra ciudadanía, las Fuerzas Armadas y de Orden, decidieron actuar el 11 de septiembre de 1973, nuevamente nuestra tierra fue regada por la sangre de muchos de nuestros hombres, que cayeron luchando por la liberación de Chile.

Quedaba de este modo en evidencia que el temple de nuestra raza y la fibra de nuestra nacionalidad para defender la dignidad o la soberanía de nuestra patria no habían muerto ni podrían morir jamás, porque son valores morales que se anidan en el alma misma de la chilenidad. Hoy, volvemos a enfrentar una lucha desigual, contra una acción foránea de diversos orígenes y tonalidades, que a veces adopta la forma de la agresión enemiga, y que en otras ocasiones se presenta bajo el rostro de una presión amiga.

En ese complejo cuadro, Chile continuará actuando con la prudencia y mesura que tradicionalmente han caracterizado nuestra política internacional, aun en horas muy difíciles. Nuestra colaboración hacia los organismos internacionales y nuestro diálogo franco y leal con los países y Gobiernos amigos seguirán comprometiendo los mejores esfuerzos y la más amplia buena voluntad de parte nuestra. Pero por ningún motivo permitiremos que dicha actitud se confunda con debilidad o vacilación ante quienes pretendan dictarnos desde el exterior, el camino que debemos seguir, ya que su determinación es de exclusivo resorte de nuestra soberanía interna.

Por esta razón, dispuse recientemente que renunciáramos a la solicitud de un crédito externo, cuyo otorgamiento pretendió condicionarse públicamente a un examen de un Gobierno extranjero acerca de la evolución de nuestra situación en materia de derechos humanos. Estoy cierto de que en esta actitud me acompaña el país entero, porque si hay algo que todo chileno de verdad tiene muy en claro es que la dignidad de nuestra patria no se transa ni se hipoteca ante nada ni frente a nadie.

Desbordes del imperialismo ya superados.

Quienes pretenden doblegarnos con presiones o amenazas foráneas, se equivocan rotundamente, y sólo verán crecer una cohesión interna que siempre se agiganta ante la adversidad. Quienes, por su parte pretenden desde el interior aliarse con estos desbordes internacionales que parecieran revivir formas de imperialismo que creíamos ya superadas en el Occidente, sólo logran retratarse mejor en sus ambiciones sin freno, y hacerse acreedores al justo desprecio del pueblo chileno.

Menos aceptable son todavía los intentos de intervención foránea cuando la causa que se invoca para ella es una supuesta defensa de los derechos humanos.

Nuestra historia y nuestra idiosincrasia se han forjado en el respeto a la dignidad del hombre. Sólo una amarga experiencia reciente, que estuvo a punto de conducirnos a la guerra civil, nos ha hecho comprender que los derechos humanos no pueden sobrevivir en un régimen político y jurídico que abre campo a la agresión ideológica del marxismo-leninismo, hoy al servicio del imperialismo soviético, o a la subversión terrorista, que convierte a la convivencia social en una completa anarquía.

Resulta incomprensible que toda restricción a determinados derechos de las personas se enjuicie como una presunta transgresión de los derechos humanos, mientras que la actitud débil o demagógica de muchos gobiernos frente al terrorismo no merezca reparo alguno en la materia, aun cuando es evidente que ella se traduce en una complicidad por omisión, con una de las formas más brutales de violación de los derechos humanos.

Es posible que nuestro enfoque más amplio y profundo en esta materia sea difícil de comprender para quienes no han vivido un drama como el nuestro. He ahí, en cambio, la razón por la cual las limitaciones excepcionales que transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos, han contado con el respaldo del pueblo y de la juventud de nuestra Patria, que han visto en ella el complemento duro pero necesario para asegurar nuestra Liberación Nacional, y proyectar así amplios horizontes de paz y progreso para el presente y el futuro de Chile. La juventud se ha destacado por su comprensión visionaria hacia la exigencia histórica que afrontamos en el sentido de dar vida a un Nuevo Régimen político institucional.

Es por ello que, al cumplir el Frente Juvenil dos años de vida, siento el deber de expresar que, respetando el carácter plenamente autónomo e independiente de este movimiento, el Gobierno que preside aprecia debidamente los importantes avances que aquel ha ido logrando en su misión de unir a la juventud chilena en cursos humanos, geográficos y económicos; con el 11 de septiembre y con la nueva institucionalidad que a partir de esa fecha está surgiendo. De ahí que haya escogido esta noche, que ya se identifica con la juventud de nuestra Patria, para señalar públicamente los pasos fundamentales que hemos delineado para avanzar en el proceso institucional del país. Nada me parece más apropiado que hacerlo en un acto juvenil, ya que seréis vosotros, jóvenes chilenos, los responsables de dar continuidad a la tarea en que estamos empeñados y los más directos beneficiados con el esfuerzo que en ella ha puesto desde su inicio, el país entero.

Frente al éxito ya perceptible del plan económico, el progreso en las medidas de orden social, y el orden y la tranquilidad que hoy brindan una vida pacífica a nuestros compatriotas, la atención pública se ha centrado ahora en mayor medida en nuestro futuro jurídico-institucional. Las sanas inquietudes de la juventud y de otros sectores nacionalistas por una participación cada vez mayor se inserta en esa realidad.

Para un adecuado enfoque de este problema, es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó sólo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo.

No se trata pues de una tarea de mera restauración sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional.

Nuestra democracia.

Ello nos señala el deber de caminar por el sendero del Derecho, armonizando siempre la flexibilidad en la evolución social con la certeza de una norma jurídica objetiva e impersonal, que obligue por igual a gobernantes y gobernados. En esa perspectiva, advertimos nítidamente que nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora tecnificada y de auténtica participación social, características que se comprenden mejor cuando el individuo se despoja de su egolatría, ambición y egoísmo.

Una democracia es autoritaria, en cuanto debe disponer un orden jurídico que asegure los derechos de las personas, con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia independientes y dotados de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile el contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad. Consiguientemente, todo atentado en contra de estos principios, cuyo contenido se ha ido precisando en las Actas Constitucionales vigentes, se considera por éstas como un acto ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. La libertad y la democracia no pueden sobrevivir si ellas no se defienden de quienes pretenden destruirlas.

Integradora, en cuanto debe robustecer el Objetivo Nacional y los Objetivos permanentes de la Nación, para que por encima de legítimas divergencias en otros aspectos más circunstanciales, los sucesivos Gobiernos tengan en el futuro la continuidad esencial que les ha faltado en el pasado. De ahí debe brotar un poderoso elemento de unidad de la gran familia chilena, a la cual se ha pretendido sistemáticamente disgregar por tanto tiempo, impulsando una lucha de clases que no existe y no debe existir.

Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico y tecnológico del mundo contemporáneo, no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas, resultando en cambio indispensable que se incorpore la voz de los que saben al estudio de las decisiones. Sólo ello permitirá colocar la discusión en el grado y nivel adecuados, reducir el margen de debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces, y dar estabilidad al sistema.

De auténtica participación social, en cuanto a que sólo es verdaderamente libre una sociedad que, fundada en el principio de subsidiariedad, consagra y respeta una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, para perseguir sus fines propios y específicos. Este principio es la base de un cuerpo social dotado de vitalidad creadora, como asimismo de una libertad económica que, dentro de las reglas que fija la autoridad estatal para velar por el bien común, impida la asfixia de las personas por la férula de un Estado omnipotente. Estamos frente a una tarea que, por su naturaleza y envergadura, debe ser gradual. De este modo, nos alejamos por igual de dos extremos: el del estancamiento, que más tarde o más temprano siempre conduce los procesos sociales a rupturas violentas, y el de la precipitación, que traería consigo la rápida destrucción de todo nuestro esfuerzo, el retorno del régimen anterior con sus mismos hombres y vicios y, muy pronto, un caos similar o peor al que vivimos durante el Gobierno marxista.

Las etapas.

El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la de recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden, por un lado, y a la civilidad, por el otro. Asimismo, se distinguen por los instrumentos jurídico-institucionales que en cada una de ellas deben crearse o emplearse.

En la etapa de recuperación el Poder Político ha debido ser integralmente asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, con colaboración de la civilidad, pero en cambio, más adelante, sus aspectos más contingentes serán compartidos con la civilidad, la cual habrá de pasar así de la colaboración a la participación.

Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación, el Poder será ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad, y la seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas.

Hoy nos encontramos en plena etapa de recuperación, pero estimo que los progresos que en todo orden estamos alcanzando, nos llevan hacia la de transición.

Durante el período que falta de la etapa de recuperación, será necesario completar la dictación de Actas Constitucionales, en todas aquellas materias de rango constitucional aún no consideradas por ellas, como también de algunas leyes trascendentales, como de seguridad, trabajo, previsión, educación y otras que se estudiarán en forma paralela. De esta manera, quedará definitivamente derogada la Constitución de 1925, que en sustancia ya murió, pero que jurídicamente permanece vigente en algunas pequeñas partes, lo que no resulta aconsejable.

Simultáneamente, deberán revisarse las Actas Constitucionales ya promulgadas, en aquellas materias donde su aplicación práctica hubiere demostrado la conveniencia de introducir ampliaciones, modificaciones o precisiones.

La culminación de todo este proceso de preparación y promulgación de las actas constitucionales, que continuará desarrollándose progresivamente desde ahora, estimo que deberá en todo caso estar terminado antes del 31 de diciembre de 1980, ya que la etapa de transición no deberá comenzar después de dicho año, coincidiendo su inicio con la plena vigencia de todas las instituciones jurídicas que las actas contemplen.

Entre las referidas actas constitucionales, ocupa un lugar prioritario la que habrá de regular el ejercicio y la evolución de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. Para orientar en esta materia a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el Presidente que os habla entregará próximamente ciertas directrices fundamentales que permitan a dicha comisión preparar el anteproyecto pertinente, para su posterior consulta al Consejo de Estado, antes del pronunciamiento final que corresponderá a la Junta de Gobierno.

Dichas orientaciones para el esquema que deberá regir en la etapa de transición son principalmente las siguientes:

– El Poder Constituyente deberá permanecer siendo ejercido por la Junta de Gobierno. Sin embargo, él se ejercerá normalmente con previa consulta al Consejo de Estado.

– El Poder Ejecutivo deberá permanecer siendo ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, en calidad de Presidente de la República, y con las facultades de que hoy está investido.

– El Poder Legislativo, de acuerdo a la tradición nacional, deberá tener dos colegisladores: el Presidente de la República y una Cámara Legislativa o de Representantes, como se podría denominar, sin perjuicio de las facultades legislativas que, en esta etapa de transición, deberá mantener la Junta de Gobierno, en carácter extraordinario.

Estas autoridades deberán comprender, por una parte, el derecho de cada uno de sus integrantes a presentar proyectos de ley a través de la Presidencia de la República, y por la otra, la facultad de solicitar, antes de la promulgación de cualquier ley, que su texto sea revisado por la Junta de Gobierno. En este último caso, si en la Junta prevaleciera la opinión de que un precepto atenta contra la Seguridad Nacional, éste no podrá ser promulgado. Se trata de un veto absoluto, destinado a operar en los casos en que la Junta de Gobierno lo interponga, a petición de cualquiera de sus miembros, diferenciándose así del veto ordinario del Presidente de la República frente a la Cámara Legislativa.

Por su parte, y tal como lo expusiera el 18 de marzo pasado, la Cámara Legislativa o de Representantes deberá tener una composición mixta: un tercio de sus miembros habrá de corresponder a personalidades de alto relieve nacional, que la integrarán por derecho propio o por designación presidencial, y los otros dos tercios restantes, serán representantes de Regiones o agrupaciones de Regiones, en una cantidad proporcional al número de sus habitantes.

En cuanto a la legislación ordinaria, se deberán contemplar sistemas de iniciativa de las leyes, de veto presidencial y otros, que eviten los excesos demagógicos que caracterizaron a los últimos períodos de nuestro anterior Parlamento.

Especial importancia cabe atribuir a que la Cámara Legislativa cuente con Comisiones Técnicas, en que participen establemente, con derecho a voz, las personas más calificadas en el plano científico, técnico y profesional en las diversas materias.

La instalación de esta Cámara Legislativa deberá realizarse durante el año 1980 y para su primer período, cuya duración será de 4 ó 5 años, dado que no es factible la realización de elecciones, los representantes de las Regiones habrán de ser designados por la Junta de Gobierno.

Posteriormente, en cambio, dichos representantes regionales se elegirán ya por sufragio popular directo, de acuerdo a sistemas electorales que favorezcan la selección de los más capaces, y que eviten que los partidos políticos vuelvan a convertirse en máquinas monopólicas de la participación ciudadana.

Constituida la Cámara Legislativa en este período, es decir, con dos tercios de sus miembros elegidos popularmente, deberá corresponder a la propia Cámara el designar al ciudadano que a partir de esa fecha desempeñará el cargo de Presidente de la República por un período de seis años.

Simultáneamente con lo anterior, que implicará el paso de la etapa de transición a la de consolidación, corresponderá aprobar y promulgar la nueva Constitución Política del Estado, única y completa, recogiendo como base la experiencia que arroje la aplicación de las Actas Constitucionales. La etapa de transición servirá así para culminar los estudios del proyecto definitivo de la nueva Carta Fundamental.

Al bosquejar este plan general ante el país, el Gobierno cree cumplir con su misión de esclarecer las líneas básicas sobre las cuales anhela desarrollar nuestra evolución institucional próxima, durante la cual también será necesario intensificar la elaboración y consagración jurídica de las nuevas formas de participación social, tanto de carácter gremial o laboral, como estudiantil, profesional, vecinal y de las demás expresiones ciudadanas en general.

Jóvenes chilenos:

La posibilidad de materializar integralmente este plan está sujeta a la condición de que el país siga presentando los signos positivos que nos han permitido avanzar hasta la fecha. Para ello se requiere indispensablemente el concurso patriótico de toda la ciudadanía, y muy especialmente, el idealismo generoso de la juventud, que debe encender de mística nuestro camino hacia el futuro.

No ignoro que se levantarán muchos escollos, ambiciones y personalismos, que de mil maneras pretenderán impedir nuestra marcha, y hacernos volver hacia atrás, donde sólo nos esperarían las penumbras de la esclavitud. Pero estoy seguro de que la luz que emerge al final de nuestra ruta será siempre más fuerte y más luminosa, y por encima de todo, confío plenamente en Dios, en el pueblo de Chile, y en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden que, con patriotismo, hoy guían sus destinos.

Mis queridos jóvenes:

El futuro de Chile está siempre en vosotros, cuya grandeza estamos labrando.

Bando Nº 5 de la Junta Militar de Gobierno, 11 de septiembre de 1973.

Teniendo presente:

1º Que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general, a una digna y segura subsistencia;

2º Que el mismo gobierno ha quebrantado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases estéril, y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas.

3º Que el mismo gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar ni hacer cumplir el Derecho, gravemente dañado en reiteradas ocasiones;

4° Que, además, el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades, usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, o en forma flagrante en otras, las que por distintos motivos han quedado sin sanción;

5° Que, asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado “resquicios legales”, se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegitimas desde su origen;

6º Que, también, reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre si los Poderes de Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría Ge­neral de la República, con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones;

7º Que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico, en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país;

8º Que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal esta condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución le asigna, y. por tanto, el carácter presidencial del gobierno;

9º Que la economía agrícola, comercial e indus­trial del país se encuentra estancada o en retroceso y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean indicios, siquiera, de preocupación por esos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos;

10º Que existe en el país anarquía, asfixia de li­bertades, desquiciamiento moral y económico y, en el gobierno, una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile impidiendo impidiendo al puesto que por vocación le corresponde, dentro de las primeras naciones del continente;

11º Que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de su Pueblo Soberano;

12º Que estos mismos antecedentes son, a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención para deponer al gobierno ilegitimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir, pues para lograr esto no hay otros medios razonablemente exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas;

13º Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legitimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por si, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y, por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir, y

14º En consecuencia, de la legitimidad de estas normas se colige su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país y especialmente por las autoridades.

FIRMADO. JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE.

 

 

“Ejército de Chile: el fin de una visión”.

Columna de opinión del Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa.

Se ha cerrado recientemente el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). Con la misma fecha se ha creado y dado paso a la Agrupación de Seguridad Militar, unidad eminentemente especializada, reducida en dotación de personal y preparada para cumplir misiones distintas a las que efectuaba en el pasado, particularmente hasta 1990, como producto de la situación nacional e internacional de fines del siglo XX.

La creación de esta nueva unidad obedece también a una legislación reciente que busca dotar al Estado de un órgano de Inteligencia con capacidad para producir los insumos necesarios para las resoluciones del nivel político, y con el cual debemos interactuar. No constituye un mero cambio de denominación, de rostros o de lugar de trabajo. Una función como la Inteligencia y la Seguridad Militar, dada su creciente complejidad y su aporte a las decisiones en el ámbito castrense, necesita de contenido real y no de tratamientos cosméticos.

De ahí que este cierre deba ser interpretado como parte de un proceso general, progresivo y previsto por la planificación de modernización institucional, para los tiempos que se viven en la actual realidad nacional e internacional. Éstas son las que nos indican los nuevos paradigmas a seguir. Sin embargo, en estricto rigor, este cambio no es la esencia novedosa; el tema es más profundo, y el cese del BIE es sólo un hecho –desde luego importante– inserto dentro de un conjunto mayor y más relevante de planificadas acciones.

En efecto, el Ejército de Chile viene adoptando, desde hace ya varios años, decisiones tendentes a abandonar una concepción centrada en una óptica propia de la Guerra Fría. Una visión –por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo– que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros los chilenos, durante muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba.

Como consecuencia de la situación descrita el Ejército de Chile no pudo sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de los mismos en este, nuestro país. Actuó –en ese contexto– con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. En nuestro caso, unas circunstancias excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y profundamente.

Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo y como Nación, que se ha dejado atrás. Por ello, como Comandante en Jefe del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y la paz internacionales; a la realidad de un país –el nuestro– que hace suyos los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana convivencia nacional e internacional.

En esa perspectiva –como ya lo advertí– el cierre del BIE no es un hecho aislado. Concluye un proceso de cambios graduales y sucesivos entre los que destacan la nueva arquitectura del Ejército –que se sustenta en considerar a nuestros vecinos como verdaderos socios y amigos con proyectos comunes–; un proceso educativo de revalorización de los derechos humanos, una atenta revisión y reformulación de nuestra reglamentación y procedimientos y un reposicionamiento en la sociedad –a la cual nos debemos y servimos– buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una institución de todos los chilenos.

El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse.

Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa de Diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente. Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura, cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora.

Puedo afirmar pues, al ofrecer esta sintetizada cuenta del proceso de cambios que el Ejército ha venido efectuando que la institución a mi mando ha transitado desde una organización, una lógica y un actuar, que eran propios de la Guerra Fría, hacia aquella que Chile hoy nos demanda.

Me parece que con el proceso que ha vivido la institución y el país, las lecciones aprendidas por todos y la superación de las divisiones mediante la verdad y la justicia, nos encaminamos hacia un futuro promisorio que, recogiendo estas experiencias, le dé a Chile la suficiente fortaleza y cohesión de su sociedad para enfrentar un mundo complejo, competitivo y con heterogéneas amenazas. Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado, llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un protagonismo de éstas impropio de la condición militar. Esa dicotomía –como expresé en otra oportunidad– puede ser resuelta con grandeza por los chilenos. El justo medio entre estas dos desviaciones sería el paradigma virtuoso que, como sociedad, encontraríamos para establecer los límites entre el aislacionismo ciego, auto excluyente, y el tutelaje castrense.

Se trata, sin embargo, de un justo medio que no nos corresponde a los militares encontrar sino a la ciudadanía toda por intermedio de sus instituciones. Nuestra tarea en esa dirección, quizá aún incompleta, se debe limitar al tránsito institucional desde visiones del pasado, como aquella determinada por la Guerra Fría, hacia otras contemporáneas y concordantes con el Chile hoy.

Una tarea a la que seguiremos dedicando nuestros mejores y más honestos esfuerzos como militares y como chilenos.

Tomado de http://www.emol.com/noticias/documentos/cheyre.asp