Recordar, conmemorar, un 8 de marzo.

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En un día como hoy, el mercado, esa magna construcción del capitalismo histórico, coopta una fecha que no tiene nada de feliz. No puede ser feliz la opresión y la explotación realizada por seres humanos a otros seres humanos. Explotación que está sustentada en la división del trabajo, que no sólo es de clase, sino también, sexual. Como diría Flora Tristán “el hombre oprimido puede oprimir a otro ser, que es su mujer. Ella es la proletaria del proletariado mismo”. Frente a ese ejercicio de explotación, es que en 1908 40.000 costureras, proletarias, se alzaron ocupando la herramienta política de la huelga. ¿Las razones? Mejores salarios (iguales a los de los hombres), reducción a las horas de trabajo (a 10 horas laborales), mejora en las condiciones higiénicas, capacitación y rechazo al trabajo infantil. ¿El resultado? Como en muchos lugares y en tantos momentos de la historia, recibieron la represión. Represión que terminó en la muerte. El 8 de marzo de 1908, en la ciudad de Nueva York, en la Cotton Textile Factory, 129 trabajadoras mueren quemadas al interior de su lugar de trabajo. Por ende, esto nada tiene que ver con flores, chocolates, ropas, joyas y mercanchifles al por mayor. Este es un momento para recordar y para conmemorar. Se trata de un acto de dignidad eminentemente político.

Por eso reconocemos, en esta hora, a la mujer obrera, aquella que supo de la devaluación de su trabajo, junto a la funcionalización de su útero en pos de (re)producir más mano de obra barata. Reconocemos a aquellas mujeres que desde el espacio privado, en su función de madres, han cobijado, educado, sostenido a sus hijas e hijas. Reconocemos a nuestras compañeras de vida, aquellas con quienes caminamos, como diría Benedetti, “codo a codo”, sabiendo que “somos mucho más que dos”. Reconocemos a todas aquellas mujeres que muy tempranamente, y más allá de cualquier silencio historiográfico y político, comenzaron a preguntarse por la liberación, entendiendo, como Olympe de Gouges en la Revolución Francesa, que como mujeres y ciudadanas tenían el derecho y el deber de subir a la tribuna, de la misma manera en que lo hacían al cadalso. Reconocemos a todas esas mujeres que lucharon por el voto de las mujeres, y con ello, de la posibilidad de participar de las discusiones y decisiones en el espacio público. Reconocemos a las mujeres obreras, a las campesinas, a las pobladoras, a las intelectuales, a las estudiantes, a todas quienes en el siglo pasado soñaron con la revolución socialista, comprometiéndose en las tareas de la liberación de los pobres del campo y la ciudad y que luego de golpes y exilios, se encontraron con la segunda ola del feminismo, dando cuenta de que quien propugna la revolución debe serlo hasta la más ínfima expresión de su vida. Reconocemos a aquellas madres y abuelas, que con una foto de sus esposos, hijos e hijas colgando en el pecho, extendieron el espacio privado y lo llevaron al público, clamando por justicia y libertad. Reconocemos a todas quienes siguen luchando para eliminar, de una vez por todas, la exclusión, las desigualdades de género, el maltrato en todas sus formas, la minusvaloración. Aquellas que siguen anhelando la democracia en el país y en la casa. Democracia que no es como la chata alegría que no sabemos si llegó o no, sino como el goce que transgrede mandatos culturales, prejuicios y sistemas opresivos. Goce que respira la libertad de ser, buscando como diría Gioconda Belli hace sólo unas horas atrás, “romper para siempre / el hielo, las tormentas / y derramar el verde de nuestros brazos y piernas / para abrazarlos / y destetar la historia / que ha querido mordernos”.

Puede parecer raro, para algunas y algunos, que un hombre lea estas palabras, en tanto representante de aquello que se busca romper: el patriarcado. Pero el patriarcado, en tanto la estructura de dominación de más larga duración en la historia de la humanidad, es el resultado de los hombres, pero no de todos los hombres. Es la construcción de los menos, que como ideología se nos vende como mandato cultural, como rol histórico, como lo correcto, como lo natural. Es parte de las ideas de la clase dominante, que se transforma en sentido común y nos conforma. Por ende, se trata de una batalla que también debemos dar, y que no requiere de negaciones que nos lleven a la pusilanimidad. Por el contrario, reconocernos en la explotación de cada humano y humana nos hace pasar de la otredad a la ipseidad. Del otro y la otra que es también un yo. Entendernos y estudiarnos sectorialmente ha conllevado tremendos aportes analíticos y proyectuales. Cómo no agradecer todos aquellos estudios que nos han hablado de, quienes Luis Vitale nominó como, “la mitad invisible de la historia”, de la cual, por sólo citar un ejemplo, el trabajo “Queremos votar en las próximas elecciones” de Edda Gaviola, Ximena Jiles, Lorella Lopresti y Claudia Rojas, es una obra precursora, que a la fecha sigue abriendo caminos. En ese sentido, el estudio de la particularidad nos ha traído mayores luces acerca de la globalidad. Pero la otra desfragmentación, aquella que conlleva a que la lucha de quienes son dominados y dominadas, por coerción o coacción, también sea “sectorial”, parcelada, reporta más dudas que certidumbres. Sobre todo cuando queda tanto por hacer. Elena Caffarena, gran luchadora feminista, cerca de sus cien años diría que “Nuestro objetivo no terminaba en obtener el derecho a concurrir a un acto electoral y manifestar una preferencia. Era también el derecho a ser candidatas, a ser elegidas, a expresar directamente las necesidades de las mujeres, y ampliar la base de la democracia en Chile que estaba reducida, por lo menos, a la mitad […] Sería un desatino no reconocer que hemos avanzado en esta batalla. Pero el riesgo de convertir en monumento a las mujeres que participamos en esta etapa, es creer, equivocadamente, que la tarea está concluida. En las casas y en las calles hay mujeres bastante más interesantes que yo, que están luchando todos los días y que tienen mucho que decir, de aquí para adelante”[*].

Debemos pugnar por luchar hasta derrotar la cultura de la dominación y todo lo que en pos de ella se construye, encontrándonos y caminando en aquello que lírica y bellamente Redolés llamó “Bello Barrio”, el lugar “donde tú vas con tu sueño y la ternura viva en los labios / Porque acá nadie discrimina a los que van con su sueño y la ternura viva en los labios”.

 

El Manzano, Cajón del Maipo, 8 de marzo de 2013.

Luis Pino Moyano

Lic. en Historia.


[*] Pamela Jiles. “Mi abuela cumple cien años”. Punto Final. Nº 593, 14 al 28 de marzo de 2003. Tomado de: http://www.puntofinal.cl/539/miabuela.htm (Revisada en marzo de 2013).

 

CUARTA DECLARACIÓN DE HISTORIADORES RESPECTO DE LA CUESTIÓN NACIONAL MAPUCHE.

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Al igual que en enero de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando emitimos sendas declaraciones a propósito de los asesinatos por la espalda de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío perpetrados por las fuerzas policiales del Estado y de la prolongada huelga de hambre realizada por presos políticos mapuches, respectivamente, los historiadores que suscribimos esta declaración queremos expresar nuestra preocupación y punto de vista por los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía que concluyeron con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y desataron una serie de allanamientos a diversas comunidades mapuches. Al mismo tiempo, declaramos lo siguiente:

1. Los hechos de violencia en esa región, que corresponde a una parte del Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825). Mediante una prolongada campaña militar, el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. La violencia actual, es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se beneficiaron del despojo de ese pueblo originario. También es el resultado de la ceguera política de las autoridades del Estado que han hecho oídos sordos a las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas meramente asistenciales que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son víctimas los mapuches. La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos.

2.  No obstante esta comprensión de las causas estructurales de la violencia en la Araucanía, lamentamos la muerte de esta pareja de empresarios agrícolas, del mismo modo como lamentamos toda pérdida humana, pero advertimos a la opinión pública que no es justo criminalizar a todo un pueblo por un hecho cuyos autores aún no se conocen y que, además ha sido condenado por todas las organizaciones representativas de dicho pueblo. En este sentido, coincidimos plenamente con una reciente Declaración emitida por un grupo de destacados investigadores mapuches especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades cuando señalan: “Creemos que las muertes en un conflicto son siempre lamentables. Refuerzan la intensidad de la violencia o la naturalizan como medio de abordaje de los problemas, contribuyen a la radicalización y polarización de las posiciones políticas e ideológicas o conllevan al desarrollo de actos irracionales. Observamos con preocupación las señales emitidas por el gobierno, políticos y gremios empresariales y ciudadanos comunes, en cuyos juicios y opiniones aflora un racismo desde el cual se justifica la aplicación de legislaciones que vulneran los derechos humanos y legitiman e incentivan la violencia policial o paramilitar en contra de los mapuches. La convergencia que manifiestan sectores empresariales, latifundistas y el gobierno en asumir la  represión como vía de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio mapuche”.

3. Consideramos que solo un cambio radical de la posición del Estado y del conjunto de la sociedad chilena frente a la “cuestión mapuche” podrá dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario erradicar de raíz la discriminación y el racismo del que es víctima este pueblo originario apuntando a las causas de fondo de su malestar. Es preciso, en primer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de la actual República de Chile. También es preciso construir junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural. Igualmente se impone la urgente adopción de medidas que apunten a la devolución de las tierras usurpadas, la liberación de los presos políticos mapuches, el cese de la represión contra las comunidades, el término de la militarización de la Araucanía y la no aplicación de la Ley Antiterrorista en hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o nacionales, la protección de la infancia mapuche amenazada por la ofensiva represiva del Estado, la aplicación irrestricta de las cláusulas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile que concierne a los pueblos originarios, la preservación de la lengua y de la cultura mapuches, entre otras medidas exigidas por las organizaciones mapuches y de defensa de los Derechos Humanos.

4.  Manifestamos, una vez más, nuestro apoyo a las demandas del pueblo mapuche porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la devolución de las tierras que le fueron expropiadas, el reconocimiento que merece como un pueblo con sentido de identidad propia y el derecho a lograr una mayor participación en la gestación de las políticas que consideren apropiadas para impulsar su desarrollo.

5.  Estamos firmemente convencidos que la instauración de un diálogo democrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el conflicto que opone al Estado de Chile y los empresarios de la Araucanía, por un lado, y el pueblo mapuche, por el otro, solo puede ser abordado desde el reconocimiento de hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo. Negar, soslayar o minimizar estas verdades históricas solo hará más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico.

La Araucanía – Santiago, 15 de enero de 2013.

Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile.

Igor Goicovic Donoso, Director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.

Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, Premio Nacional de Historia 2012.

Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Augusto Samaniego Mesías, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.

Luis Galdames Rosas, Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, Arica.

Fabián Almonacid, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Alejandra Brito Peña, Directora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción.

Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Universidad de Los Lagos, Osorno.

Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa de la Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

Mario Garcés Duran, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones.

Nelson Castro Flores, Jefe Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Viña del Mar.

Juan Ñanculef Huaiquinao, Jefe Unidad de Cultura y Educación CONADI Dirección Nacional –Temuco.

Carlos Gutiérrez P., Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile).

Florencia E. Mallon, académica de University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Verónica Valdivia, académica de la Universidad Diego Portales.

Carlos Contreras Painemal, académico de la Freie Universität, Berlin, Alemania.

Fernando Pairicán, Magíster © Universidad Santiago de Chile.

José del Pozo, académico de la Université de Québec à Montréal (UQAM), Montreal, Canadá.

José Alejandro Marimán Quemenado, historiador y Dr. en Ciencias Políticas.

Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de La Serena.

Cristina Moyano, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Rolando Álvarez Vallejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Sergio Caniuqueo Huircapan, Magister © Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, Comunidad de Historia Mapuche.

Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso.

Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.

Margaret Power, académica del Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.

Pablo Aravena Núñez, académico de las universidades de Valparaíso y Viña del Mar.

Ángela Vergara Marshall, académica California State University. Los Angeles, Estados Unidos.

Consuelo Figueroa Garavagno, académica de la Universidad Diego Portales.

Manuel Loyola, Director de Ariadna Ediciones.

Carlos Molina Bustos, académico de la Universidad Viña del Mar.

Rodrigo Ruz Sagal, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.

Jorge Magasich, academico del Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) de Bruselas, Bélgica.

Bernardo Subercaseaux, académico de la Universidad de Chile.

Carlos Ruiz Rodríguez, académico del Instituto Profesional Chile, Carrera de Educación General Básica, Campus San Joaquín.

Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Milton Godoy Orellana, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Ivette Lozoya López, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Claudia F. Rojas Mira, Dra © en Estudios Americanos especialidad Historia, IDEA, Universidad de Santiago de Chile.

Claudio Pérez, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Juan Rodrigo Ortiz Retamal, historiador Evangélico.

Francis Goicovich, académico de la Universidad de Chile.

Luis Castro Castro, académico de la Universidad de Valparaíso.

Horacio Gutiérrez, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

María Eugenia Albornoz Vásquez, Dra. © de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

Enrique Fernández Darraz, académico de la Universidad de Tarapacá, Santiago.

Robinson Silva Paredes, académico de la Universidad Austral de Chile.

Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción.

Carlos Mondaca Rojas, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica.

César Cerda Albarracín, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Daniel Palma Alvarado, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Pedro Bravo Elizondo, académico de Wichita State University, Wichita, Kansas, Estados Unidos.

Mario Valdés Vera, académico de la Universidad de Concepción.

Ricardo López, académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Francisca Giner Mellado, académica de la Universidad de las Américas.

Jorge Iturriaga, Dr. en Historia Pontificia Universidad Católica.

Alfredo Lastra Norambuena, Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Polonia.

Luis Corvalán Márquez, académico de la Universidad de Valparaíso.

Luis Cruz Salas, investigador independiente.

Viviana Gallardo Porras, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Mathias Ordenes Delgado, académico de la Universidad Católica de Temuco.

Carlos Gabriel Alfaro Hidalgo, académico de la Universidad Católica del Norte.

Jorge Rivas Medina, académico de las Universidades ARCIS y UCINF.

Michael Reynolds, académico de la Universidad de Chile.

María Soledad Jiménez Morales, académica de la Universidad Alberto Hurtado.

Ricardo Vargas Morales, académico de la Universidad ARCIS Sede Concepción.

Viviana Bravo Vargas, académica de la Universidad Autónoma de México, México.

Gina Inostroza Retamal, académica de la Universidad ARCIS, Sede Concepción, integrante Corporación Instituto Mujeres del Sur (ONG).

José Luis Cifuentes Toledo, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Danny Marcelo Ahumada Vargas, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Pablo Artaza, académico de la Universidad de Chile.

Carolina Andaur Marín, académica de la Universidad Viña del Mar.

Patricio Herrera González, Doctorando en Historia de El Colegio de Michoacán, México.

Martín Correa Cabrera, investigador independiente.

José Luis Tasso Valdés, académico de la Universidad UCINF.

Manuel Andrade Valenzuela, Comisión Ética Contra la Tortura.

Eduardo Godoy Sepúlveda, Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.

Rodrigo Henríquez Vásquez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Paulina Peralta, Editora de textos escolares de Historia y Ciencias Sociales.

Bárbara Chiu Stange, profesora de Historia.

Juan Guillermo Muñoz Correa, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Víctor Muñoz Cortés, Santiago, investigador independiente.

Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos IDEA-Universidad de Santiago de Chile, Becario CONICYT.

Hernán Delgado, académico de la Universidad de Los Lagos, Osorno.

Lucía Valencia Castañeda, académica Universidad de Santiago de Chile.

Isabel Jara, académica de la Universidad de Chile.

Xochitl Inostroza, Dra. © en Historia, Universidad de Chile.

Alberto Harambour Ross, académico de la Universidad Diego Portales.

Isabel Möller, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Daniel Madariaga Arias, profesor de Historia.

Gustavo Martin Montenegro, professor del Holy Spirit College de Wollongong, NSW, Sidney, Australia.

Luis Azúa, Licenciado en Historia, París, Francia.

Dina V. Picotti, académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Mario Matus González, académico de la Universidad de Chile.

Armando Chaguaceda, académico de la Universidad Veracruzana (México) y Coordinador de Grupo de Trabajo de CLACSO.

James Cockcroft, académico jubilado de la State Univeristy of New York, Estados Unidos.

Claudia Zapata Silva, académica de la Universidad de Chile.

Carla Ulloa Inostroza, editora del sitio web Histo-lit Mujeres Viajeras.

Dante Donoso Chacón, Inspector General ISUC, Santiago.

Ariadna Biotti Silva, doctoranda en Historia EHESS- Universidad de Chile.

Roccio Silva Suárez, investigadora OSAL/CLACSO.

Felipe Valdés Ramírez, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos para el

Desarrollo Humano (INEDH), Concepción.

Franck Gaudichaud, académico de la Université Grenoble 3, Francia.

Rodrigo Sánchez, académico de la Universidad de Chile.

Héctor Díaz-Polanco, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México.

Juan Carlos Gómez Leyton, Director académico del Doctorado en Proceso Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, Santiago.

Carmen Rea Campos, académica de la Universidad de Guanajuato. Campus León. México.

Antonio Pérez., investigador independiente, España.

Pedro Portugal Mollinedo. Editor Revista Pukara, La Paz, Bolivia.

Elsa Guerrero Urrutia, investigadora independiente, La Higuera, región de Coquimbo.

Pablo Dávalos, académico de la Universidad Católica de Ecuador.

Marta Casaus, académica de la Universidad Complutense, Madrid, España.

José Luis Martínez, académico de la Universidad de Chile.

Miguel Urrutia, académico de la Universidad de Chile.

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El origen de la violencia.

“Quería referirme un poco a la violencia. Porque este mes, compañeros, en la televisión, la violencia aparece con mucho ritmo, con mucha sonajera.

La violencia, rasgan vestiduras porque se quema una micro, pero yo no escuché a esa misma gente rasgar esas mismas vestiduras y gritar cuando se quemó a Rodrigo Rojas, no escuché ese mismo clamor, no escuché eso cuando dejaron a la niña –Carmen Gloria Quintana- quemada entera.

No escuché eso en la televisión, no escuché la misma vehemencia en la defensa del no a la violencia, no escuché eso cuando a los compañeros profesionales –un día como hoy- que fueron secuestrados en el colegio Latinoamericano, en pleno día. No escuché a la televisión diciendo: “¡¿Por qué secuestran a la gente, por Dios, qué está pasando?!”. No. Todos callados. No escuché nada cuando al día siguiente estas personas aparecieron muertas. No solamente muertas, sino ¡de-go-lla-das!

Yo les pregunto ¿De dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros? ¿O son ellos, los poderosos, los ricos?

¡¿De dónde viene la violencia?!

Cuando la Unidad Popular tocó sus bienes, tocó sus minas, que dicen que el Todopoderoso se las dio a ellos, tocó el mar, tocó la tierra, las fábricas, solamente tocaron cosas, bienes, nunca se mató a ninguno de ellos ¿Qué pasó? ¡Estuvieron 17 años ¡asesinando gente! Haciendo desaparecer gente, quemando a los campesinos en hornos, allá en Lonquén.

¿Quiénes son los violentos? ¿De dónde viene la violencia?

¿Qué cosa más violenta que una persona tenga que vivir con 80 mil pesos, 100 mil pesos, 120 mil pesos en el mes? Y otros, por nombrar los que yo conozco, digamos, los senadores y los diputados, que los escoge la gente que vota -yo no voto porque no creo en el voto-, pero ¿Qué más violencia que esa?

¿Por qué uno tiene que vivir con un poquito, dejar a sus cabros chicos botados, porque tienen que salir los dos, el papá y la mamá a trabajar? ¿Por qué empujan a nuestra gente al consumo de drogas? ¿Por qué empujan a nuestra gente a la delincuencia en las poblaciones? ¡¿Por qué?!

Porque hay una desigualdad impresionante. Aquí están los ricos y los pobres. La clase media, pobre de ella, pero aquí están los ricos y los pobres.

¿Qué más violencia, compañeros, que el asesinato de mis hijos? Eran estudiantes, eran dirigentes, y en ese tiempo, como hoy día también, era muy peligroso ser joven y pensar. Porque lo que ellos quieren es que los jóvenes no piensen, quieren verlos botados, tirados en los pastos, borrachos, con droga, ganándose la plata fácil…

Así quieren vernos, pero los que piensan… son peligrosos.

¿Cómo mataron a mis hijos un 29 de marzo del ’85? A Eduardo salieron con armas de guerra a la calle a buscarlo. ¡Con armas de guerra andaban buscando a los hermanos Vergara! Lo mataron por la espalda inmediatamente de una ráfaga.

Rafael corría más rápido, porque él había entrado a las milicias y tenía más práctica y más ejercicio. Pero el Rafa volvió a donde estaba su hermano y trató de tocarlo. Ahí, los “valientes policías” le dieron una ráfaga a la altura de los glúteos, dejándolo parapléjico, y teniéndolo ya en sus manos, esposado, le pegó un tiro en la cabeza con el cañón afirmado en la nuca.

¡Ese es el principio del 29 de marzo! Un principio violento. ¿Quién empieza la violencia? ¿Quiénes son los violentos en este mundo entero? ¿Quiénes son los que dejan morirse de hambre en África a la gente mientras tienen guardados millones de dólares?

Alguien fue a la casa a decirme que quería limpiar la imagen del 29, porque el 29 de marzo es violento, porque los desmanes, porque la cosa, las bombas y las cuestiones… Mire, compañero, le dije: Yo no me voy a prestar para una cosa así, porque el 29 de marzo ha sido desde el comienzo -desde el asesinato brutal de mis hijos- violento. Y hemos hecho una respuesta violenta porque tenemos derecho a hacerlo.

Si nos pisotean, si nos matan, si hacen lo que quieren con nosotros, tenemos derecho a levantarnos y a defendernos. Y los 29 de marzo han sido todos violentos desde el principio hasta ahora. Y desde ahí que los chiquillos se enfrentan a peñascazos con los pacos. Y es por eso que les molesta, porque si hubiéramos hecho una romería calladitos en una sala, a nadie le hubiera molestado.

A ellos les molesta el desorden y la violencia porque ellos son los dueños del desorden y de la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no tenemos derecho. ¡Nosotros tenemos que morir piola! ¡Callados! ¡Morirnos de hambre callados! Que nuestros hijos se prostituyan y callados. ¡Yo jamás voy a renunciar a la violencia de mis compañeros! De mis amigos, de los muchachos que yo conozco en la población, que durante todos estos años nos han acompañado. Que se han arriesgado, los han tomado presos, les han pegado, han perdido sus trabajos, han perdido el estudio.

Entonces, yo les digo desde mi corazón, los quiero así como son: Rebeldes, violentos. Honestos con ellos mismos. Los quiero porque ellos son los que nos han mantenido vivos a nosotros, todos estos años. Ellos son los que consiguieron que el sistema se fijara en nosotros y dijeran: “Ya, vamos a ver qué se puede hacer” y descubrieron que fue un asesinato, después de veintitantos años –cosa que nosotros sabíamos desde el principio-.

Por Luisa Toledo.

Estas palabras de Luisa Toledo, son un extracto de las que dijo en el Pedagógico este año (2012), y publicadas en El Ciudadano.

La Rebelión Encapuchada.

Igor Goicovic Donoso, especial para G80.

En cada ocasión que los estudiantes y las organizaciones populares se movilizan en el espacio público, los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes chillan al unísono: ¡Violencia! Se suceden las imágenes de jóvenes encapuchados que levantan barricadas, arrojan piedras sobre la fuerza pública y destruyen parte del equipamiento urbano. Los conductores de televisión, los reporteros en la calle y una variada gama de opinólogos condenan rápidamente los hechos. Se suceden sin ningún rigor conceptual anatemas tales como: “Violentistas”, “terroristas”, “anarquistas”, “lumpen”, “delincuentes”, etc. Pero nadie, no obstante, se ha preocupado de analizar de manera rigurosa las causas que precipitan la comisión de los actos violentos y mucho menos se ha intentado explicar el profundo trasfondo político que subyace a este tipo de protesta.

Quienes protagonizan este tipo de manifestaciones son personas (mayoritariamente jóvenes populares), profundamente molestas con el sistema de dominación de clase existente actualmente en el país. Están molestos con el modelo económico que los explota a ellos, a sus hermanos o sus padres; están molestos con la estructura inequitativa de la sociedad que condena a una parte importante de la población a la miseria o al endeudamiento crónico; están molestos con la represión policial, que golpea cotidianamente sus poblaciones; están molestos con el imaginario simbólico que recrea un mundo de fantasía que sólo se encuentra disponible para unos pocos privilegiados. Existe un largo acumulado de tensiones, frustraciones y desencantos que se han venido acentuando y que, hoy día, en el marco de las movilizaciones sociales (estudiantiles, medioambientales, indígenas y recientemente de trabajadores), se expresan como rebeldía popular.

Se trata de una rebelión espontánea, en la cual no se visibiliza con claridad ningún tipo de centralidad ideológica. No, a lo menos, como se observó en América Latina y Chile entre las décadas de 1960 y 1980. Tampoco se pude negar la existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estas organizaciones no poseen hoy día un control efectivo sobre dicho enfrentamiento. Es más, una parte de las acciones violentas que se han podido observar recientemente carecen de conducción política y de orientación ideológica: Por ejemplo, los ataques a pequeños establecimientos comerciales y el saqueo de colegios en la periferia urbana. No obstante, en estas acciones, así como en los ataques contra los grandes supermercados, las cadenas de farmacias, las instituciones financieras o los centros comerciales, existe un denominador común: La rabia. De ahí que estas acciones continúen expresando el  profundo descontento social que la inequidad ha venido construyendo.

Es más, la espontaneidad de las acciones violentas remite, incluso, a la forma escasamente estructurada que poseen los ataques contra los dispositivos represivos del Estado. La masa arremete contra carabineros sin planificación operativa alguna y, normalmente, armada sólo con los recursos que provee el medio urbano (piedras y adoquines). Por lo mismo, se puede caracterizar como una violencia de baja intensidad. Particularmente si la ponemos en relación con los conflictos sociales y políticos que se viven actualmente en Colombia, México o Brasil.

Cabe señalar que este tipo de manifestaciones no son en absoluto novedosas. Por el contrario, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se hicieron particularmente recurrentes. Cada vez que se producía una crisis económica que afectaba a la subsistencia de las clases populares o en cada oportunidad en que la legitimidad del régimen político experimentó un importante grado de deterioro, la furia popular irrumpió en el espacio público. Sólo por mencionar algunos hitos emblemáticos podemos referir, el motín de los tranvías de 1888, la huelga de la carne de 1905, el motín urbano de abril de 1957 y las protestas populares contra la Dictadura Militar del ciclo 1983-1987. En todas esas ocasiones, y en muchas más que podríamos enumerar, los manifestantes saquearon o intentaron saquear los establecimientos comerciales de la burguesía, atacaron tanto la sede de gobierno como los palacios señoriales en los cuales se regocijaba y ostentaba impúdicamente su riqueza la oligarquía, se enfrentaron con las fuerzas represivas del Estado y destruyeron parte del equipamiento u ornamentación pública. En todas esas oportunidades, además, la represión, al igual que hoy, actuó con particular saña y alevosía. Es importante señalar que en este tipo de manifestaciones siempre los muertos se encuentran en las filas de los que protestan; no de quienes reprimen. Por el contrario, quienes históricamente han masacrado al pueblo han recibió premios y ascensos; como fue el caso de Roberto Silva Renard, el general responsable de la matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique en 1907. Mientras que hoy día los crímenes alevosos, como el de Manuel Gutiérrez, son calificados como “violencia innecesaria causando la muerte”, lo cual supone para el criminal, en el peor de los casos, una condena de tres años de prisión.

En el contexto de esta asimetría de fuerzas y de recursos los medios de comunicación al servicio de la burguesía cumplen la tarea de criminalizar la protesta popular. Pero lo que sucede hoy día con los medios de comunicación no es muy diferente de lo que ocurría a comienzos del siglo XX, en el contexto de la emergencia de la llamada “cuestión social”. Efectivamente, las protestas obreras, que demandaban mejores condiciones laborales y de vida, no sólo eran violentamente reprimidas; también eran criminalizadas. Quienes protestaban eran “enemigos de la patria, de la propiedad y de la religión”. Hoy, como ayer, existe un control monopólico sobre los principales medios de comunicación; tanto impresos (El Mercurio y COPESA), como en radio y televisión. Ello hace que la línea editorial referida a la conflictividad social se uniforme: Las demandas son “desmedidas”, los estudiantes son “intransigentes”, las propuestas están “ideologizadas”, etc. Luego, ante la imposibilidad de invisibilizar la protesta, se instala el discurso homogenizador en torno a las formas correctas de movilizarse: Lo lúdico, lo festivo, lo carnavalesco. Y, de la misma manera, se encuadra el “sentido” de la manifestación: Que sea autorizada, que se desarrolle donde las autoridades quieren, que programáticamente se ajuste a lo que el sistema puede ofrecer y que se autoregule en su trayectoria y desarrollo. En consecuencia, toda manifestación que rompa con las “formas políticamente correctas de expresarse” es rápidamente anatemizada y criminalizada. No obstante, lo que más llama la atención es esta verdadera ausencia de profesionalismo o rigor de los periodistas adscritos a estas cadenas, que no sólo no hacen su pega, sino que se convierten más bien en espurios portavoces del gobierno o de los patrones. A ese efecto habría que destacar que situaciones de violencia “estructural”, como la desigual distribución de la riqueza, la explotación laboral, la expoliación comercial de las grandes cadenas de retail o la usurpación y represión de que han sido objeto históricamente los mapuche, o no concitan el interés periodístico o son rotuladas con eufemismos. Por ejemplo, estos medios jamás han hablado en el caso de Manuel Gutiérrez de asesinato o de alevosía. Se han referido a su deceso como “la muerte del joven poblador”; como si se hubiese muerto en su cama de causas naturales. Pero si han enfatizado en el arrepentimiento que habría mostrado el carabinero que lo mató. Estas violencias estructurales son, sin lugar a dudas, un factor clave en el desencadenamiento de las violencias reactivas que protagonizan los jóvenes populares.

Otro aspecto particularmente preocupante es la configuración de un escenario de enfrentamiento “horizontal” entre quienes participan de las manifestaciones populares. Al respecto creo que es necesario considerar dos situaciones. Por una parte, se puede observar un importante grado segmentación social entre quienes protestan. Efectivamente, una parte de los estudiantes adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas (medicina, ingenierías, derecho, etc.), provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor “capital cultural”. Estos estudiantes universitarios se refieren a los jóvenes no universitarios (secundarios y subocupados), como: “flaites”, “sopaipillas”, “lumpen”, etc., reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del gobierno y los patrones. Luego, encuadrados en el discurso de la “manifestación políticamente correcta”, se pueden llegar a convertir en delatores (cuando señalan a sus compañeros a la policía), o en agentes directos de la represión (cuando detienen y entregan a la misma policía a estos compañeros). Hay mucha irresponsabilidad en el gobierno, en los medios de comunicación e incluso entre algunos dirigentes sociales, cuando impelen a estas personas a enfrentarse con los manifestantes encapuchados. El día de mañana si se llega a producir un enfrentamiento fatal la responsabilidad política estará entre quienes incitan al conflicto fratricida.

Otra línea de interpretación remite a los dos fundamentos constitutivos de la sociedad de clase en Chile: El orden público y la propiedad. Si debemos reconocerle un mérito a la oligarquía primero y la burguesía después, fue haber elevado estos dos principios a la condición de valores naturales; alcanzado incluso un importante nivel de transversalización social. Muchos creen, hoy día, que tienen algo que perder: Un auto, un pequeño negocio, la casa. Y lo meritorio del sistema fue haber instalado en este sector de la sociedad que la amenaza la constituye el “otro” desprovisto o precarizado. De aquí surge el viejo y reiterado discurso fascistoide de la “mano dura”. Cualquier amenaza a la propiedad deviene en amenaza al orden público. En consecuencia el recurso a la represión se valida ampliamente.

En este contexto la violencia encapuchada se convierte, también, en una rebelión simbólica y cultural. Es la rebelión contra todas las formas inveteradas que ha asumido la subordinación; es el rechazo al “mandé patrón”, “como usted diga jefe”, “perdone mi cabo”. El encapuchamiento rompe con toda forma de subordinación y en cuanto ruptura constituye una disonancia no sólo para el Estado y los patrones, sino que, también, para quienes han internalizado el discurso oficial. No obstante encapucharse es un acto político, en cuanto expresa la voluntad de rebelión frente a las condiciones estructurales de la violencia (económica, social y política) y, por otro lado, es un gesto de desafío frente a la pusilanimidad con la cual se ha hecho política en Chile.

Dr. Igor Goicovic Donoso
Director Magíster en Historia
Departamento de Historia
Universidad de Santiago de Chile

De la catástrofe natural a la ira popular.

Igor Goicovic Donoso, especial para G80.

El terremoto y posterior tsunami que afectó a una parte importante del territorio de Chile en la madrugada del sábado 27 de febrero, y que hasta la fecha ha provocado la muerte de más de 800 personas, puso al descubierto una serie de problemas que la prensa oficial ha denominado, eufemísticamente, como “terremoto social”. Miles de personas, especialmente en las ciudades más afectadas por la catástrofe (Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel, Constitución, entre muchas otras), salieron a las calles a recuperar por cuenta propia los alimentos y el agua que las autoridades y las cadenas de supermercados, se negaban a distribuir rápida y eficientemente. En su desesperación y angustia, y dando cuenta de una profunda tradición histórica, los más pobres, y a la vez los más golpeados por el desastre, no se contuvieron. En una explosión desbordante de rabia y necesidad arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Ello, evidentemente, favoreció el exceso y, en algunas circunstancias, el despliegue de conductas delictivas. Pero estas conductas puntuales no pueden encubrir el problema de fondo: Quienes salieron a las calles a reclamar y recuperar de hecho lo que necesitaban fueron las más pobres. Hombre, mujeres y niños, muchos de ellos agrupados como núcleos familiares o como redes comunitarias. Aquellos que sistemáticamente el capitalismo ha explotado, reprimido y excluido. Aquellos que en las visitas oficiales de autoridades extranjeras y en el discurso público son sistemáticamente encubiertos. Aquellos a los cuales se pretende integrar precariamente a través del trabajo ocasional y del consumo marginal. Aquellos que son recluidos en liceos gueto donde se les condena reproducir el fracaso del sistema educacional. Aquellos que no reciben prestaciones de salud de calidad, porque la medicina se convirtió en mercancía y los médicos, hace mucho tiempo, perdieron su “vocación social”. Aquellos para los cuales se organizan planes cuadrantes y cárceles concesionadas. Aquellos que en los informes de MIDEPLAN y del PNUD continúan representando un 14% de la población. Una población a la que generalmente no queremos ver y cuando se nos configura en la cotidianeidad mediática lo hace transgrediendo el “orden burgués”.

No es extraño, entonces, que ante el “clamor ciudadano” (aquel que fue inducido por los medios de comunicación burgueses y que expresó la demanda de la derecha y del capital), el Gobierno haya decretado el Estado de Catástrofe Nacional, medida que, a su vez, permite la imposición del toque de queda y el despliegue de fuerza militares en las ciudades afectadas por el vendaval popular. Así, las imágenes del pasado dictatorial retornaron nuevamente al escenario del Chile actual: Milicos armados hasta los dientes deteniendo y golpeando a los más pobres; poniendo cerco a las principales poblaciones populares y custodiando los centros comerciales y financieros del gran capital. Da pena y rabia  comprobar que las demandas de los pobres, expresadas en contingencias críticas, continúan siendo enfrentadas con la fuerza de las armas. La paradoja radica en que los delincuentes que inmediatamente después de la catástrofe comenzaron a subir los precios de los artículos de primera necesidad o aquellos que comenzaron a acaparar recursos básicos para posteriormente medrar con precios más altos, no han sido denunciados y mucho menos sancionados como se lo merecen.

Tampoco, hasta el momento, han recibido el castigo que se merecen aquellos que con negligencia criminal (en la Armada y el Gobierno) no informaron adecuadamente a la población del litoral central del tsunami que posteriormente afectó a la población ribereña. Ellos son los responsables directos de la muerte de más de 500 personas en esta catástrofe. En relación con ello cabe consignar que ninguna persona ha muerto como consecuencia directa de los saqueos llevados a cabo por la población.

No se trata de justificar la violencia criminal del lumpen que, regularmente y en su extrema cobardía, no ataca al capital y a sus defensores (salvo cuando replegado en la masa actúa sobreseguro); por el contrario, estos cobardes, habitualmente, atacan a los más pobres y de ellos medran a través del narcotráfico, imponiendo en las poblaciones la ley del más fuerte (que no es otra que la de aquel que porta las armas). Esos parásitos sólo se merecen el desprecio. Tampoco se debe desconocer que en estos actos participaron activamente sujetos provenientes de estratos sociales más acomodados; aquellos que se desplazaban en camionetas y camiones y que se dedicaron sistemáticamente a robar artículos electrónicos, de línea blanca e incluso maquinaria pesada. Distinto es el caso de los sectores populares que agobiados permanentemente por la miseria y afectados coyunturalmente por la catástrofe, han salido a las calles a recuperar por su propios medios los recursos que necesitan para subsistir. Su legítimo accionar ha puesto al descubierto todas las inequidades e injusticias que el sistema neoliberal, montado por la Dictadura y afianzado por la Concertación, ha instalado en nuestro país. No sólo ha develado, una vez más, la existencia de la pobreza; también ha puesto de manifiesto que hace mucho tiempo late en el seno del pueblo más pobre una rabia contenida que episódicamente se desborda, poniendo en jaque la institucionalidad y los valores más preciados del orden burgués. Y ello tiene que ver con el Chile que sistemáticamente se nos ha querido imponer y del cual ahora, como en otras etapas de nuestra historia, las clases dominantes se horrorizan. El Chile escindido. Aquel que no toma vacaciones en el Caribe, sino que con suerte va un domingo de febrero al balneario local. Aquel que se apiña solidariamente en 40 mts.2 construidos, pero que eventualmente conoce los departamentos de 6.000 UFs de las principales ciudades del país, porque presta servicios de aseo o jardinería para la burguesía. Aquel que cotidianamente ocupa entre 2 y 4 horas de su vida para desplazarse desde su hogar hasta su empleo en micros atestadas, mientras sus  patrones y gerentes utilizan automóviles último modelo. Aquel que percibe como salario mensual el mismo dinero que su patrón se gasta en una noche de diversión. Estas inequidades no sólo han sembrado frustración y desesperanza; también han engendrado un profundo odio de clase del cual, al parecer, sus instigadores materiales no son conscientes. Por ello cuando la plebe insurrecta emerge desde la periferia urbana se aterran; y sus corifeos, en los medios de comunicación, desatan la letanía criminalizadora de siempre; terroristas ayer, anarquistas y encapuchados más tarde, saqueadores hoy día. La misma putrefacta monserga de siempre para banalizar o encubrir los problemas estructurales que arrastra esta sociedad desde hace más de tres décadas.

No se trata tampoco de idealizar el reventón popular y pretender que éste, en sí mismo, adquiera el estatuto de hecho político. Efectivamente, en estos momentos esa rabia carece de orientación política y de metas claras; es pura pasión e intuición popular. En consecuencia le resulta fácil al Estado burgués y a sus organismos represivos encuadrarla y reprimirla. De esta manera, tras el vendaval de ira popular los más pobres retornan nuevamente a su miseria, pero esta vez más golpeados y heridos. La ira popular es sólo la expresión de una malestar profundo y es también la demostración inveterada de que el pueblo movilizado ha constituido históricamente una fuerza social y política de grandes proporciones. Le corresponde, entonces, a las aletargadas organizaciones revolucionarias chilenas, ensimismadas en un diletantismo retórico estéril, en el caudillismo y en el cortoplacismo, ponerse a la cabeza de la rabia popular y convertirla en fuerza social y política revolucionaria. De lo contrario no habremos aprendido nada, como en otras ocasiones, de esta dolorosa tragedia.

 Igor Goicovic Donoso

Quilpue, 4 de marzo de 2010

Haciendo otra lectura de la capucha.

Según el diccionario de la RAE la capucha es una prenda de vestir y un encapuchado es un sujeto asociado a ciertas prácticas religiosas del catolicismo romano en semana santa. Claramente, no es lo que se piensa cuando se escucha esa palabra en los noticieros de televisión. Se piensa en “violentistas”, “desadaptados”, “lumpen” o, en los “infilitrados”, de los cuales algunos, según sabemos hoy por ciertas investigaciones periodísticas, no sólo tienen nombre y apellido, sino también portan una placa.

Mientras veía las noticias, luego de la “marcha de los paraguas” este jueves 18 de agosto de 2011, noté el funcionamiento de la “seguridad” dentro de la columna de los manifestantes. “Hay que mantener el orden”, se decía, continuamente. Y los que aparecieron portando una capucha fueron motejados como “flaites”. No puedo sacarme de la cabeza el grito de uno de los defensores del orden (no hablo de un uniformado): “-¡anda a leer un libro y después hablai de educación!”. ¡Cómo si la educación estuviese asociada sólo a la práctica de la lectura! ¿Es que acaso sólo pueden hablar de educación aquellos que participan del sistema y no aquellos que han sido excluidos de él? ¿No es precisamente una de las peores cosas del actual sistema de educación el hecho de que existan “colegios para pobres” que enseñan poco y nada con la finalidad de re-producir mano de obra obediente y barata? ¿El muchacho que gritó eso pensará que la educación en el actual sistema es un instrumento de ascenso social, olvidando que el sistema neoliberal barrió con el estado benefactor, y lo que hoy asegura ascenso está ligado a la práctica del consumo, por ende al poder de adquisición –real o artificial, mediante tarjetas?

Yo nunca he ocupado una capucha. Cada vez que he marchado o he protestado por algo lo he hecho con mi rostro descubierto. Pero eso no me hace más valiente ni mejor. Soy uno, entre tantos que hemos tomado esa opción. Pero respeto al compañero o compañera que ha optado por tomar una capucha y cubrir su rostro. Y mi respeto está ligado al entendimiento. Entiendo por qué lo hacen. Y las dos razones están asociadas al uso excesivo de la teatralidad represiva de las fuerzas policiales, que por ejemplo cuando salen montados en sus caballos permiten recordar a los militares “palomeando rotos”, como antaño. Ante esa represión se alza una defensa. No todos pensamos en que la correlación de fuerzas en una marcha es totalmente dispar y no hay para qué engrosar las filas del martirologio, sino están aquellos que piensan que hay que defenderse, que hay que luchar contra aquél que te está reprimiendo. Y también es una defensa contra los “disparos” de las cámaras en manos de funcionarios uniformados o de civil que buscan retratarnos a quienes participamos de las movilizaciones. Porque hoy, como ayer, nos tienen a todos identificados. Y algunos ya sea para cuidarse más o, ya sea por miedo, cubren su rostro contra ese ataque que no se siente pero que se ve. Ahora bien, pensándolo, sin querer queriendo he estado encapuchado cuando con mi kufiyya o con mi bufanda he tapado mi rostro para protegerme de los gases lacrimógenos. Después del Caso Bombas y las “evidencias” del fiscal Peña, que no hay que olvidar trabaja hoy en el Ministerio del Interior para Hinzpeter, cualquier cosa se puede esperar. Y cuando uno dice cualquier cosa, lo dice literalmente.

Hace un tiempo atrás, leí un texto de la historiadora María Rosaria Stabili sobre el gobierno de Balmaceda (que fue escrito en 1991 a propósito de los cien años de la guerra civil), en el cual concluía que los chilenos portan un pequeño Portales dentro de sí, por más “libertarios” que éstos sean. Si cuando precisamente el actual orden está siendo puesto en cuestión, ¿no es una contradicción cuidar el “orden”? Si para la clase dominante ya marchar por las calles, interrumpiendo el “normal” tráfico vehicular, es un acto de desorden y violencia. Recuerdo a un uniformado diciéndome un día “-Desaloje la vía pública”. No se necesitan encapuchados para ser reprimidos. Como diría Miguel Enríquez a fines de la década de los sesenta: “Sólo la chatura mental y política pueden suponer que las clases dominantes necesiten pretextos para desencadenar la represión: si no los tienen, los inventan”. ¿Alguien podría decir que no ha sido así?

Luis Pino Moyano.