TERCER MANIFIESTO DE HISTORIADORES: La Dictadura Militar y el Juicio de la Historia.

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I ¿Qué es el Juicio de la Historia?

Ante la muerte de Augusto Pinochet, numerosas personalidades públicas y medios de comunicación han declarado que la evaluación definitiva de su persona y su dictadura la hará el Juicio de la Historia. La mayoría de los seguidores de Pinochet, por ejemplo, piensan que ese juicio debe basarse en el óptimo estado actual de la economía chilena, lo que prueba la grandeza de su obra. Para la mayoría de sus víctimas y detractores, en cambio, ese juicio no puede sino fundarse en los crímenes, robos y abusos perpetrados por su dictadura, lo que prueba el origen deleznable del sistema que dejó en herencia.

Lo que resulta evidente, es que su dictadura dividió una vez más a la sociedad chilena en ganadores (beneficiados por ella) y perdedores (las víctimas y los perjudicados por el mercado). También es evidente que el Juicio Histórico posterior a eso no puede sino estar dividido. ¿Puede el Juicio de la Historia escindirse en perspectivas contrapuestas? ¿Puede ser un factor que reproduce el conflicto? ¿Qué es y cómo debe ser un real y legítimo Juicio de la Historia?

Es lógico pensar que, si la historia la hacen los hombres y las mujeres, la rectificación de los procesos históricos que se tornan anómalos y conflictivos la tienen que realizar los mismos hombres y mujeres. Pero ¿de qué modo? Desde luego: todos ellos, pero no divididos en ganadores (endémicos) y en perdedores (de siempre), sino en comunidad. Es decir: como ciudadanía en actitud de ejercer colectivamente su Poder Constituyente. De ser así, se deriva de eso que, si la mayoría de los chilenos está invocando el Juicio de la Historia, el único modo legítimo y racional de llevarlo a cabo es recuperando el principio supremo de la soberanía ciudadana. Recuperación que es factible cuando el mismo proceso histórico que se vive va en esa dirección.

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Manifiesto de Historiadores II: CONTRA LOS QUE TORTURAN EN NOMBRE DE LA PATRIA.

Informe Valech

La sociedad chilena ha sido conmocionada por la publicación—parcial—del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Mucho más que el Informe Rettig o los resultados de la Mesa de Diálogo, esta nueva y dolorosa erupción de memoria social, surgida de más de 28.000 recuerdos de torturas vividas en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, nos ha tornado vívida la deuda pendiente en materia de verdad y justicia, así como ha ratificado, una vez más, que el olvido no se impone por decreto. Esta vez, todos han debido inclinarse ante la fuerza y verdad que emana de esos recuerdos. Ya nadie, salvo los más culpables, podrán seguir negando que en Chile, utilizando banalmente el nombre de la Patria, se torturó y se violaron los derechos civiles y humanos de un enorme número de chilenos, a quienes se consideró y trató, no como ciudadanos, sino como ‘enemigo interno’.

El mérito del Informe Valech no radica sólo en que el Gobierno haya ordenado constituir la comisión respectiva, sino, principalmente, en que recopila y revela un trascendental testimonio ciudadano, cuya importancia no es judicial ni es sólo ética, sino, más bien, histórica y política. Como tal, es un testimonio que corona el largo y valiente esfuerzo de los luchadores por los derechos humanos, que fueron abriendo camino, trabajosamente, a la verdad y la justicia. Los deberes que se desprenden de él, por lo mismo, rebasan la esfera de acción del Estado, incluso de los tribunales de justicia, porque comporta una verdad que es ciudadana por testimonio y destino, y porque es la soberanía ciudadana la que ahora tiene que entrar en acción para hacer, no sólo justicia de tribunal, sino, sobre todo, justicia histórica y política.

El Informe tiene, con todo, debilidades. Es inaceptable, por ejemplo, que su publicación vaya acompañada de restricción: se dará a conocer lo ocurrido a las víctimas, pero se mantendrá oculto, por medio siglo, el nombre y la conducta de los torturadores y los victimarios. ¿Por qué se entrega una verdad cercenada? ¿Por qué dar libre curso al dolor y la conmiseración y no a la indignación y la justicia? ¿Por qué un gobierno que se dice democrático tiene que seguir ocultando a los culpables? ¿Es que la impunidad es una conveniencia política mayor que la justicia? ¿Es que el respeto a los poderes fácticos es más importante que el respeto a la dignidad ciudadana?

II El contexto histórico

Algunos personajes sospechosos de culpabilidad (o tardíos legitimadores de lo ilegítimo) han procurado aminorar los crímenes cívicos y humanos cometidos en dictadura buscando justificaciones en el saco de Pandora del “contexto histórico”. Como historiadoras e historiadores profesionales, estamos ciertos que el contexto histórico es un escenario y una trama abierta que no obliga a nadie a tomar un curso de acción u otro, razón por la cual no puede, de por sí, ni explicar ni justificar ni exculpar ningún crimen contra la humanidad. Incluso un contexto de ‘crisis estructural’ como el que vivió Chile, no sólo desde 1970 – que es, para los personajes citados, el origen de todo – sino desde mucho antes. Desde que Diego Portales y el general Prieto destruyeron, a sangre y fuego, la cultura de los respetos ciudadanos y la democracia de los cabildos. O desde que la misma oligarquía desnacionalizó las riquezas del país, hacia 1900. O desde que el empresariado chileno fue incapaz de desarrollar el capitalismo nacional sin entregarlo al capital extranjero. O desde que Estados Unidos se negó a colaborar con los planes del Estado Desarrollista para industrializar plenamente el país. O desde que los militares han impuesto una y otra vez un sistema político (liberal) y un modelo económico (liberal) en oposición radical a la voluntad ciudadana. El contexto histórico chileno no se limita al gobierno de Allende, que llegó para administrar la crisis de todo eso. Fue esa crisis de largo plazo la que llevó a la juventud de los años ’60 a buscar una vía no capitalista y no parlamentaria de desarrollo (lo que ocurrió en toda América Latina), y fue la misma percepción, aunque bajo amparos y para intereses distintos, la que llevó al Partido Nacional, por la misma fecha (1966) a entregar una Declaración de Principios en la que, coincidiendo con los jóvenes revolucionarios de Izquierda, desestimó abiertamente la vigencia de la democracia liberal. ¿Y qué decir de Patria y Libertad que, acosada por la desesperación de ver caer el sistema tradicional de dominación, se lanzó trabajar y conspirar fuera de la ley y del Congreso? El contexto de la crisis estructural de la economía y del propio Estado chilenos desencadenó procesos de radicalización política en la Izquierda, en el Centro y en la Derecha, en el sentido, sin duda, de buscar otras rutas y utilizar otros medios, mejores que los que, hacia 1968, claramente, se habían gastado.

Pero nada de eso justificaba y justifica torturar prisioneros, violar mujeres con perros y ratones, perpetrar aberraciones sexuales, asesinar con perversión, dinamitar cadáveres y fondear en el mar los restos de esas vejaciones. Y menos aun usando todos los recintos militares y policiales y, cuando menos, la mitad de los efectivos que la Nación ha mantenido y apertrechado para consolidar la seguridad, la dignidad y la unidad de los chilenos.

No puede compararse la masividad y la brutalidad de esa particular ‘política de represión’ (si no se quiere reconocer que fue y ha sido una ‘política’ de los poderes fácticos, dígase al menos que es una de sus ‘técnicas’ de guerra sucia; o sea: de guerra política contra connacionales), con las bravatas ideológicas de un líder socialista, o los intentos de la izquierda revolucionaria por organizar algo que evitara o pudiera enfrentar lo que se veía venir: aquella política masiva de represión con tortura, que había irrumpido en la historia de Chile cada vez que el movimiento popular quiso hacer valer sus derechos ciudadanos. La izquierda revolucionaria no se equivocó en prever la brutalidad de lo que venía, pero sí en calcular su horrorosa magnitud. Sólo alguien con poca o ninguna conciencia cívica, como Manuel Contreras, puede seguir insistiendo en que detrás de Allende había un fantasmagórico ejército de 14.000 cubanos dispuestos a matar el doble de militares chilenos si éstos se descuidaban. Pero sin apelar a estos ejercicios de “guerra ficción”, lo que cabe subrayar es que ningún militar formado y pagado por la República puede considerar enemigos de guerra a sus compatriotas civiles, o asumir que sólo los militares son patriotas y no los civiles, o que los chilenos de clase alta son humanos y los otros “humanoides”, al extremo de cometer con ellos las aberraciones que el Tratado de Ginebra prohibió terminantemente para el trato de prisioneros de guerra entre naciones, cuanto más entre ciudadanos de una misma nación.

III Las Fuerzas Armadas

Lo que es más grave aun, es que la ‘política represiva’ que se perfila en los testimonios del Informe Valech no ha sido un rasgo exclusivo de la Dictadura de Pinochet. Si hemos de ser rigurosos, la violación de los derechos humanos y sociales se instaló en Chile desde la Conquista, cuando nuestros pueblos originarios se vieron violentamente sometidos a una voluntad política que los despojó de sus tierras, que reprimió su cultura, negó su identidad y trató por siglos como un enemigo interno a diezmar y suprimir. Asimismo, desde que se consolidó hacia 1830 la “República Autoritaria”, los demócratas han sido muchas veces reprimidos, exonerados, relegados y desterrados –cuando no fusilados–, en tanto que los “rotos” sufrieron durante décadas castigos infamantes e inhumanos: encierro en jaulas de fierro con ruedas o “presidios ambulantes”(creación de nuestro máximo estadista: Diego Portales), sujeción al cepo, colgamientos, pena de azotes, etc. ¿Y por qué no recordar aquí las reiteradas matanzas obreras y sociales que jalonan tristemente la historia del siglo XX: Valparaíso 1903, Santiago 1905, Antofagasta 1906, Iquique 1907, Puerto Natales 1919, San Gregorio 1921, Coruña 1925, Copiapó 1931, Ranquil 1934, Santiago 1946, Santiago 1957, Santiago 1962, El Salvador 1966, Puerto Montt 1969…, donde las Fuerzas Armadas tuvieron una ‘destacada’ actuación?

Casi todos esos actos fueron ejecutados por cuerpos militares obedeciendo, por lo común, órdenes de gobiernos civiles (que defendían Constituciones impuestas por la fuerza, como las de 1833 y 1925), pero también por un insano patriotismo propio. La hoja de servicios de las Fuerzas Armadas muestra, en este sentido, un manchón que ha sido y es, histórica y políticamente, significativo. Ni Chacabuco o Maipú, ni Yungay ni La Concepción pueden lavar la afrenta que se ha cometido contra la propia ciudadanía. Mucho menos pueden atenuarla principios dudosos como el de la “obediencia debida”, el de la responsabilidad “individual y no institucional”, el de las guerras fantasmagóricas, o el tono prepotente de arenga de cuartel. Y no resulta casual que esos manchones coincidan precisamente con las grandes “coyunturas constituyentes” del pasado siglo, que son aquellas en las cuales se definían y construían las estructuras políticas y económicas que enmarcan y rigen la convivencia social, política e internacional de los chilenos. Y tampoco puede pasar desapercibido el hecho de que esas “coyunturas” (trascendentales) han estado saturadas de políticas represivas y, por tanto, de miedo ciudadano. Por eso, las violaciones perpetradas durante la dictadura del general Pinochet no pueden asumirse como una anomalía patológica o un caso excepcional de individuos aislados. Por desgracia, la tortura se ha practicado en Chile desde hace mucho tiempo, y ya la policía de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) institucionalizó la picana eléctrica como método de interrogatorio, en su caso, contra delincuentes. El general Pinochet, en un sentido, continuó esa tradición ampliándola esta vez contra grandes sectores de la ciudadanía, en una escala sin parangón histórico, y en otro sentido, produjo una ruptura en ella al perpetrar horrores sin registros anteriores. El monopolio de las armas, que la Nación ha confiado a los institutos uniformados, no autoriza en ningún caso volverlas contra el propio pueblo.

IV Los encubridores

Y es también lamentable que muchos civiles hayan incentivado a esos institutos a actuar de la forma en que lo hicieron. Y que, de un modo u otro, hayan colaborado, ocultado o pretendido ignorar un crimen que sólo puede calificarse de ‘lesa ciudadanía’. Y que hoy, por esa colaboración, complicidad tácita o negligencia culpable magnifiquen sucesos aislados, inventen guerras falsas o se laven las manos para quedar libres de toda “connivencia”. A ellos se suman, además, todos los que se han beneficiado con los cambios introducidos mediante tales procedimientos, beneficios que no son nimios (tenemos la distribución de ingresos más desigual desde 1900), de los cuales las sumas registradas a nombre de Pinochet en el Banco Riggs son sólo muestra estadística. Los nuevos ricos ‘de mercado’ no tienen una historia, como clase, tan limpia como pudieran sugerir sus trayectorias individuales.

V La justicia histórica

La única forma de terminar de una vez con la tradición perversa de reprimir al ‘enemigo interno’ para construir riquezas desiguales de mercado, es asumir los testimonios ciudadanos del Informe Valech como una verdad histórica y política, que, derivada de lo ético, vaya más lejos que lo judicial. Es el proceso histórico el campo de acción propio de la soberanía ciudadana, no sólo la liturgia del dolor por los deudos, el trámite engorroso de los procesos judiciales o los gestos simbólicos de perdón y reconciliación. Es preciso erradicar para siempre de la conciencia ideológica de las Fuerzas Armadas la convicción de que su tarea principal es aplastar una y otra vez al enemigo interno que amenaza los grandes intereses privados. Es preciso terminar para siempre con el temor a los poderes fácticos, que inhibe la soberanía popular, corrompe la representatividad de los políticos, torna negligentes los poderes judiciales, transforma la política en una estéril diplomacia entre clases dirigentes y obliga al pueblo a la movilización callejera y la “acción directa”.

Para poner fin de raíz a los horrores ocurridos, no basta con repetir en letanía: “nunca más”, “mea culpa”, “pido perdón”, o exhortar con voz compungida a la reconciliación, o aplaudir a cualquiera que se atreva a rezar en público tales letanías. Para que el “nunca más” sea histórica y políticamente efectivo se requiere, en primer lugar, que la ciudadanía eduque y reeduque a los grupos e instituciones que, de hecho y por derecho ilegítimo, se han convertido en poderes fácticos que violan la soberanía ciudadana. En segundo lugar, se requiere que la ciudadanía se eduque a sí misma como poder soberano, para hacer posible no sólo la desaparición de las políticas de represión y tortura contra un supuesto ‘enemigo interno’, sino también para construir una sociedad más democrática, participativa y con una distribución más justa de las riquezas que produce. Hasta ahora, la Historia dice categóricamente: Chile, desde 1830, no ha podido nunca construir una democracia y un mercado de esa naturaleza. No pocas veces los movimientos cívicos y sociales lo han intentado, pero han pagado caro por ello, ya que los poderes fácticos han torcido, en cada caso, la voluntad soberana que animaba esos movimientos.

El “nunca más” depende, en los hechos, de que seamos capaces de desarrollar, a partir de la verdad contenida en la memoria colectiva de la ciudadanía, un movimiento cívico capaz de construir, esta vez exitosamente, lo que siempre han querido construir las generaciones de luchadores por la justicia que registra la historia social de nuestro país.

 

Santiago, 16 de diciembre de 2004.

 

Karen Alfaro Monsalve, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, profesora Universidad San Sebastián, Concepción.

Beatriz Areyuna, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, profesora Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Alejandra Araya Espinoza, Magíster en Historia, profesor Universidad de Chile.

Pablo Artaza Barrios, Magíster en Historia, profesor Universidad de Chile.

Jorge Benítez González, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Secretario de Estudios Escuela de Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS.

Ernesto Bohoslavsky, Magíster en Antropología e Historia, profesor Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Alejandra Brito Peña, Magíster en Historia, Jefa de Carrera Departamento de Sociología, Universidad de Concepción.

Azún Candina Palomer, Magíster en Historia, profesor Universidad de Chile.

José Luis Cifuentes Toledo, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales.

Emma De Ramón, Doctora en Historia, profesora Universidad Nacional Andrés Bello.

Alex Giovanni Díaz Villouta, Licenciado en Educación, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Francisco Domínguez, Doctor en Economía Política, profesor Universidad de Middlessex, Gran Bretaña.

Manuel Fernández Gaete, Magíster © en Investigación Social y Desarrollo, Coordinador de la carrera de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Bolivariana, sede Los Ángeles.

Marco Fernández Labbé, Doctor © en Historia, Becario Conicyt.

Elisa Fernández N., Doctora en Historia, profesora de la Universidad de Chile.

Mario Garcés Durán, Doctor en Historia, profesor Universidad ARCIS.

Juan Carlos Gómez Leyton, Licenciado en Historia, Doctor en Ciencias Políticas, profesor universidades ARCIS, de Talca y Alberto Hurtado.

Sergio Grez Toso, Doctor en Historia, profesor Universidad de Chile. N° 10.636 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

Alberto Harambour Ross, Licenciado en Historia, Programa Doctoral Historia, SUNY Stony Brook, Estados Unidos.

Rodrigo Henríquez Vásquez, Dr. © en Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Margarita Iglesias Saldaña, Magíster en Historia, profesora Universidad de Chile. N° 11.850 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

María Angélica Illanes Oliva, Doctora en Historia, Directora Escuela de Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS.

Leonardo León Solís, Doctor © en Historia, profesor Universidad de Chile. N° 13.028 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

Manuel Loyola Tapia, Licenciado en Historia, Magíster en Filosofía Política, profesor Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez.

José Luis Martínez Cereceda, Doctor en Antropología, profesor Universidad de Chile. N° 14.222 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

Jaime Massardo, Doctor en Historia, profesor Universidad Academia de Humanismo Cristiano. N° 14.374 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

Leonardo Mazzei de Grazia, Doctor en Historia, profesor Universidad de Concepción.

Alexis Meza Sánchez, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Director Universidad ARCIS, sede Cañete.

Pedro Milos Hurtado, Doctor en Historia, profesor Universidad de Santiago de Chile.

Maximiliano Moder García, profesor de Historia, Ministerio de Educación.

Fabio Moraga Valle, Doctor © en Historia, El Colegio de México.

Tomás Moulian Emparanza, Sociólogo, Rector Universidad ARCIS.

Víctor Muñoz Tamayo, Licenciado en Historia, Maestría en Ciencias Sociales ©, Centro Cultural Manuel Rojas.

Luis Osandón Millavi, Licenciado en Historia, Doctor en Ciencias de la Educación, Jefe de Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Julio Pinto Vallejos, Doctor en Historia, profesor Universidad de Santiago.

Pedro Rosas Aravena, profesor de Historia, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS, prisionero político actualmente recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS).

Gabriel Salazar Vergara, Doctor en Historia, profesor Universidad de Chile, Decano Facultad de Humanidades Universidad ARCIS. N° 22.144 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

Rodrigo Sandoval, Licenciado en Historia, Máster en Archivística, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Alicia Salomone, Magíster en Historia, Doctora © en Literatura, profesor Universidad de Chile.

Carlos Sandoval Ambiado, Profesor de Historia, Magíster en Educación, académico Universidad ARCIS. N° 22.532 del Listado de prisioneros y torturados del Informe Valech.

Robinson Silva Hidalgo, Magíster © en Historia, Coordinador Académico Universidad ARCIS, Arauco.

Soledad Tapia Venegas, profesora de Historia y Geografía, Magíster © en Gestión Educativa, Universidad SEK.

Mario Valdés Vera, Magíster en Historia, académico Universidad San Sebastián, Concepción.

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Magíster en Historia, académica Universidad de Santiago.

Ricardo Vargas Morales, Magíster en Historia, Director Carrera de Historia y Ciencias Sociales Universidad San Sebastián, Concepción.

Ángela Vergara Marshall, Doctora en Historia, académica UT-Panamerican, Edinburg, Texas, Estados Unidos.

Claudia Videla Sotomayor, Licenciada en Historia, Magíster © en Historia, Universidad de Chile.

 

Manifiesto de Historiadores I.

I

 

De un tiempo a esta parte hemos percibido un recrudecimiento notorio de la tendencia de algunos sectores de la sociedad nacional a manipular y acomodar la verdad pública sobre el último medio siglo de la historia de Chile, a objeto de justificar determinados hechos, magnificar ciertos resultados y acallar otros; casi siempre, con el afán de legitimar algo que difícilmente es legitimable y tornar verdadero u objetivo lo que no lo es, o es sólo la autoimagen de algunos grupos. Esta tendencia se ve facilitada por el acceso que esos sectores y grupos tienen, de modo casi monopólico, a los medios masivos de comunicación, lo que les permite, por la vía de una extensa e impositiva difusión, dar una apariencia de verdad pública a lo que es, en el fondo, sólo expresión históricamente distorsionada de un interés privado.

 

La profusa difusión de verdades históricas manipuladas respecto a temas que inciden estratégicamente en la articulación de la memoria histórica de la nación y por ende en el desarrollo de la soberanía civil, nos mueve, a los historiadores que abajo firman, a hacer valer el peso de nuestra parecer profesional y la soberanía de nuestra opinión ciudadana sobre el abuso que la difusión de esas supuestas verdades implica.

 

En gran medida, la manipulación se observa en el juicio histórico sobre:

 

a) El proceso democrático anterior al golpe militar de 1973; b) el proceso político bajo condiciones de dictadura que le siguió (1973-1990) y c) sobre los problemas de derechos humanos y soberanía suscitados durante y después del advenimiento del último proceso.

 

Estimamos que esa manipulación se observa, en su versión más extrema y simple, en la difundida “Carta a los Chilenos” del ex-general Augusto Pinochet; en su versión más historiográfica y profesional, en los “Fascículos” publicados por el historiador Gonzalo Vial en el diario La Segunda, y en su forma más coyuntural y pragmática, en los alegatos, explicaciones y justificaciones esgrimidas “ante las cámaras” por miembros de la clase política civil y de la clase política militar respecto a las graves cuestiones de derechos humanos y soberanía que se están ventilando, sobre todo, en la Cámara de los Lores, de Inglaterra. Tres formas y manifestaciones distintas de un mismo tipo de manipulación de la Historia, que intentan legitimar y justificar un tipo de situación y un conjunto de intereses privados que, objetivamente, no representan ni la situación ni los intereses de la mayoría de los chilenos.

 

Ante esto, nos sentimos obligados a plantear lo que sigue:

 

II

 

En su “Carta a los Chilenos”, el ex-general Pinochet plantea, entre otras, tres “verdades históricas”:

 

a) que la intervención dictatorial de los militares entre 1973 y 1990 fue Una “gesta, hazaña o epopeya” de carácter nacional; b) que la crisis política de la anterior democracia fue obra exclusive del gobierno de la Unidad Popular, cuyo programa se proponía, con la “prédica del odio, la venganza y la división” y la “siniestra ideología del socialismo marxista”, imponer Una “visión atea y materialista… con un sistema implacablemente opresor de sus libertades y derechos… ; el imperio de la mentira y el odio”, y c) que “los hombres de armas” actuaron como “reserva moral de la nación” para reimplantar la “unidad del país… no para un sector o para un partido”, el “respeto a la dignidad humana”, la “libertad de los chilenos”, y dar “verdaderas oportunidades a los pobres y postergados”.

 

Respecto a la primera afirmación, queremos decir que en Historia se asigna la expresión “gesta, hazaña o epopeya nacional” sólo a las acciones decididas y realizadas mancomunadamente por todo un pueblo, nación o comunidad nacional, actuando en ejercicio de su soberanía. Tal como, durante siglos, el pueblo mapuche luchó contra los invasores, o como se movilizó el pueblo chileno, después de 1879, en la Guerra del Pacifico. Es por eso que llamar “gesta, hazaña o epopeya nacional” a la acción armada que “un” sector de chilenos emprendió contra “otro” sector de chilenos, implica un uso particularista, abusivo y coyuntural de un termino que tiene un significado más trascendente. En rigor, ese tipo de acción no es una gesta nacional, sino Una acción faccionalista (independientemente de que triunfe o no). Si la “facción” de chilenos que dio y apoyó el golpe militar de 1973 considera que esa (su) acción fue una “gesta nacional”, entonces también debería llamarse “gesta” al intento realizado, entre 1932 y 1973, por la facción” de chilenos derrotada por ese golpe, puesto que durante ese periodo procuró alcanzar el desarrollo económico y social del país luchando legalmente “contra” la facción opositora que, durante todo ese tiempo, estorbó sus planes. Es necesario diferenciar entre el “faccionalismo” que opera a través de la ley (caso de los derrotados en 1973) y el que opera a través de las armas (caso de los vencedores en 1973), pues un movimiento faccional democrático y legalista está más cerca de ser una “gesta nacional” que un “movimiento armado.

 

Respecto a la segunda afirmación, cabe decir que la crisis de 1973 no se debió sólo a la conducta gubernamental de la Unidad Popular (en verdad, ningún historiador serio caricaturizaría esa conducta reduciéndola a “prédica del odio”, a implementación de ideologías “siniestras”, a la “opresión” que sus reformas ejercieron sobre ciertos intereses y derechos, o al “imperio de la mentira” que habría primado en el fundamento de sus reformas) sino también -y no poco- a procesos históricos de larga duración, cuyo origen puede rastrearse en el siglo XIX, o antes. De hecho, la Unidad Popular administró (y precipitó) una crisis que tenia no sólo carácter político sino también, y sobre todo, económico y social, la cual se habla larvado cuando menos un siglo antes, lapso en el que la responsabilidad histórica no cabe imputaría ni al marxismo ni a los partidos de centro – izquierda, sino a la longeva rotación e inepcia gubernamental de las ó1ites oligárquicas de este país. Es preciso considerar que las crisis “pre-populistas” de 1851, 1859, 1890-1891, 1907-1908, 1924, 1930-1932 y las crisis “desarrollistas” de 1943, 1947, 1955, 1962 y 1967-1969 revelan, en conjunto, que el daño estructural causado por un siglo de gobiernos oligárquicos y neo-oligárquicos era de difícil remonte por vías democráticas (como el economista Tom Davis, de Chicago, señaló en 1957). Por esto, el intento de “reducir” la crisis estructural de la sociedad chilena a la crisis “política” del periodo 1970-1973, y la responsabilidad histórica estratégica al programa reformista de la Unidad Popular, no tiene cabida en la 1ógica del análisis científico, por más que la tenga en la lógica del alegato faccional. Ni la tiene en la visión de los verdaderos estadistas, que miran la situación del conjunto de los chilenos en el conjunto de su historia. Es lamentable que ni la lógica de la ciencia histórica ni la 1ógica del verdadero estadista aparezcan en la “Carta a los Chilenos” del ex-general Pinochet, pues los términos derogatorios que usa para referirse a las opciones y acciones soberanas de la facción de chilenos que, en marzo de 1973, copaban 43,3 % del electorado nacional (sin considerar los votantes de la Democracia Cristiana) revelan que su 1ógica no es más que la de un cabecilla faccional y no la de un estadista nacional.) ¿Por qué condenar derogatoriamente las opciones soberanas de casi la mitad de los chilenos? ¿Es esa derogación necesaria para desplazar y cargar sobre ellos no sólo la responsabilidad de sus errores propios, sino también la que corresponde a todos los errores oligárquicos del pasado y a todos los excesos de la facción triunfalista en el presente? Para inculpar a otros de las responsabilidades propias ¿es necesario denostar?

 

Respecto a la tercera afirmación (que los “hombres de armas”, actuando como “reserva moral”, lucharon por la unidad del país, y la dignidad humana de los chilenos, etc.), cabe decir que no se lucha por la unidad de la nación cuando se usan las “armas de la nación” contra casi la mitad de los connacionales; no se lucha por la dignidad de los chilenos cuando se violan los derechos humanos de miles de desaparecidos, centenas de miles de torturados, prisioneros, exonerados, etc. Ni se aseguran “verdaderas oportunidades para pobres y postergados” cuando se instala autoritariamente un régimen laboral que descansa en la masiva precarización del empleo y en un hipermercantilizado sistema de educación superior. Ni, por último, podemos llamar “reserva moral de la nación” a los que, faccionalmente, declaran la “guerra sucia” a la mitad de la nación, a los que violan la dignidad humana de sus connacionales e incurren en asesinatos de opositores políticos dentro y fuera del país, y a los que invocan el principio superior de la “soberanía” para intentar justificar e inmunizar los atentados que perpetraron contra ella. Las “armas de la nación” no deben usarse faccionalmente, ni en beneficio exclusive de minorías, ni para usurpar la soberanía de todos. Si se usan de ese modo, se incurre en un delito de lesa soberanía. El que no puede taparse con pueriles mantos de piedad y públicas confesiones de que se cuenta con la asistencia personal de Dios y la Santísima Virgen.

 

III

 

En la serie de fascículos que está publicando en el diario La Segunda, el historiador Gonzalo Vial postula las siguientes tesis históricas:

 

a) la polarización de la política chilena se produjo a partir de los años 60, al implementarse las “planificaciones globales” de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, de preferencia “contra” los agricultores y otros sectores patronales vinculados a la Derecha; b) la “violencia” se introdujo en Chile por la vía del “guevarismo” y tuvo como objetivo “la división de las Fuerzas Armadas”, la “colonización” del Centro Político y la profundización del ataque “contra” los patrones; c) ante todo eso, la Derecha se polarizó, entrando también en el juego de la violencia, dada la “horrible perspectiva” del triunfo de Allende; d) las Fuerzas Armadas eran legalistas, pero debieron intervenir cuando la “ilegalidad se usó como sistema” y diversos sectores, ante la crisis, buscaron soluciones de fuerza (“guerra civil”) y, e) por omisión – dado que sus fascículos abarcan sólo el periodo 19ó4-1973- el historiador Vial excluye todo juicio histórico sobre el “terrorismo de Estado” que la Junta Militar desplegó durante y después que logró controlar militarmente la situación (o sea, una semana después del 11 de septiembre).

 

En conjunto, las tesis históricas de Gonzalo Vial se refieren al periodo que permite explicar (y justificar) el Golpe de Estado de 1973, y están arregladas de modo de atribuir, a los afectados por ese golpe (las facciones que implementaban “planificaciones globales” y las que desestimaron la vía electoral-parlamentaria), la responsabilidad “provocativa” de la crisis, por haber creado las condiciones de inestabilidad, ilegalidad y violencia que hicieron ineludible y necesaria la acción militar. Las tesis no están diseñadas, pues, para explicar o justificar por qué se llegó al “exceso” de implementar “planificaciones globales” desde 19ó4, ni para explicar o justificar por qué el gobierno militar perpetró una impresionante cantidad de “excesos” después de 1973. El estudio se aplica a un periodo parcial, para configurar una verdad también parcial, que se liga, según todo lo indica, a un interés faccional.

 

Frente a este enfoque, queremos señalar:

 

a) la polarización de la política no se debió tanto al carácter “intransigente” de las planificaciones globales introducidas desde 1964, sino más bien al efecto acumulado de la estagnación económica y la crisis social, que se arrastraban de, cuando menos, comienzos de siglo (la polarización antagónica de la política la inició el estallido de la “cuestión social”, que la Encíclica Rerum Novarum percibió ya en 1891); b) el incremento de la violencia social-popular y la radicalización política de una parte de la izquierda y de un sector relevante de la juventud chilena no se debió sólo al “embrujo” del guevarismo -que fue posterior a 19ó0-, sino a la reiterada “constatación” del fracaso de los gobiernos radicales, del de Carlos Ibáñez y del empresario Jorge Alessandri, todos los cuales reprimieron con violencia la protesta social y explicaron su fracaso por haber gobernado maniatados por el rígido texto (liberal) de la Constitución de 1925 y el célebre obstruccionismo intransigente de la mayoría senatorial; c) la implementación de reformas estructurales “contra” los agricultores y otros grandes propietarios no fue “intransigente” sólo por faccionalismo, sino también por la necesidad de remover los dañinos intereses que se hablan enquistado en la estructura económica social y política del agro, provocando allí el subdesarrollo del capitalismo y la explotación laboral -longeva de siglo y medio- de los peones y trabajadores de la tierra; reformas que no tenían otro fin que incorporar esos “muertos económicos” a la economía “viva” del mercado nacional; d) la resistencia patronal a las reformas estructurales de tipo económico y social habla surgido con anterioridad a las “planificaciones” (los gobiernos radicales y el del propio Jorge Alessandri fueron afectados por esa oposición), de modo que, después de 19ó5 y de 1970, lo que hubo no fue el “surgimiento” de esa resistencia sino su “escalada” política ya que los patrones pasaron, de la simple protesta escrita y la no colaboración, a plantear frontalmente -en progresiva asociación con una potencia extranjera- la desestabilización de la economía y del gobierno, a cuyo efecto lanzaron, primero, la “acusación constitucional”; e) dada la sólida votación lograda por la Unidad Popular en marzo de 1973 (43,3 %), las fuerzas de Derecha desecharon el trámite parlamentario para impulsar el golpe militar (se arrojó maíz al paso de los soldados, acusándolos de “gallinas”), y f) tensado al máximo el orden constitucional (con riesgo, según Vial, de “guerra civil”), las Fuerzas Armadas no intervinieron, sin embargo, para reimponer la Constitución, ni convocar la ciudadanía a un Asamblea Nacional que acordara soberanamente una nueva Constitución, ni para impulsar la reunificación nacional (que era pertinente para “pacificar” el país), sino para destruir el poder político de la Izquierda y aun (si se analiza finamente) del Centro, a cuyo efecto consumaron una masacre y una violación de derechos humanos y civiles sin parangón en la historia de Chile.

 

Como se aprecia, la lógica de la manipulación histórica es la misma en el caso de la “Carta” del ex-general Pinochet y en el caso de los “Fascículos” del historiador Vial, pues coinciden plenamente en: la reducción del proceso histórico al periodo en que es posible justificar el Golpe de 1973: el silenciamiento de los procesos históricos estructurales y de la correspondiente responsabilidad oligárquica acumulada; la atribución de la crisis política de 1973 a la implementación de las reformas económicas y sociales; la ineludible y moralista intervención armada de los militares, y el acallamiento de los excesos faccionales cometidos por el gobierno militar después de 1973. La mayor riqueza factual y contextual de los fascículos de Vial en nada disminuye ni disimula su ostensible identidad discursiva y “faccional” con la arenga del citado ex-general.

 

IV

 

Diversas autoridades de gobierno y altos oficiales de las Fuerzas Armadas han defendido “ante las cámaras”, con calor inusitado, la tesis de que el enjuiciamiento incoado en Inglaterra y/o España contra el ex-general Pinochet es un atentado contra la soberanía nacional, por lo que seria un deber patriótico defender al ex-general con todos los recursos del Estado. Que, si ha de ser juzgado, que lo sea por las leyes chilenas. Se ha proclamado y sostenido, a este efecto, la tesis de que el “principio” de la soberanía nacional (en este caso, según el texto constitucional de 1980) está por encima no sólo de los “actos delictuales” de cualquier connacional, sino también sobre la red internacional de derechos humanos. El Gobierno ha dado a ese principio una validez suprema, dentro y fuera del país, subordinando o postergando todo otro principio, incluso la demanda de justicia que emana de los miles y miles de chilenos afectados por esas violaciones y de los ciudadanos del mundo que solidarizan con ellos. Aquí cabe la siguiente pregunta: ante los crímenes contra la humanidad ¿qué vale más? ¿El “principio” de soberanía nacional -según se defina en la constitución, leyes y decretos promulgados por el mismo gobierno dictatorial que “comandó” esos crímenes-, o el “principio” de justicia que los afectados y la humanidad misma quieren aplicar? ¿Qué está hoy defendiendo el Estado chileno?

 

Nuestro parecer es que la cuestión de la soberanía y de los derechos humanos es la materia última, esencial, de que trata la Historia. La soberanía emana de la libertad individual y colectiva, y los derechos humanos constituyen la consagración jurídica universal de esa dignidad soberana. La historia no es sino el ejercicio de esa soberanía y la revalidación continua de esos derechos. La Constitución y las Leyes, en tanto expresan la voluntad soberana de la comunidad nacional, son legítimas. Si -y sólo si- la expresan, se puede decir que representan soberanía. Cuando se respeta la voluntad legisladora de la comunidad ciudadana se respeta también, simultáneamente, el más fundamental de los derechos humanos: la posibilidad de que esa comunidad pueda construir por si misma la realidad que estime conveniente. Cuando la soberanía ciudadana es usurpada por unos pocos, cuando esos pocos dictan leyes para pocos pero pretenden aplicaría para todos, cuando esas leyes se imponen por la fuerza de las armas y no por la voluntad libre e informada de todos los ciudadanos, no se está en presencia de la soberanía, sino de actos usurpatorios de soberanía.

 

Las leyes que se dictan en estado de usurpación soberana, no son legítimas. Los tribunales, jueces y policías que actúan en función de ellas, no expresan la justicia soberana, sino intereses de usurpación y de los (pocos) beneficiados con ello. No es verdadera justicia. Los dispositivos regales que imponen los usurpantes para protegerse a si mismos de la justicia soberana o de la justicia internacional, no son expresión de soberanía. Son, simplemente, su burla.

 

Lamentamos que en Chile actual las clases dirigentes están “deduciendo” la soberanía del texto constitucional de 1980, sin importar si éste fue producto soberano de una informada decisión popular, o de una imposición faccional de los poderes fácticos. Sin importar si se usa “esa” soberanía para defender los derechos del pueblo, o para defender los intereses de los dictadores que usurparon y violaron los derechos del pueblo. Si, en fin, se usa esa soberanía para hacer justicia a los asesinados y torturados, o para proteger a los que ampararon esos crímenes.

 

Así, de ese modo, no se hace historian sino anti-historia. Y por ello, anteponer esos “principios” a la verdad de los hechos y a los derechos soberanos revela, no una vocación ciudadana de servicio público, sino una burla faccional contra lo público.

 

V

 

La historia no es sólo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. La historia es proyección. Es la construcción social de la realidad futura. El más importante de los derechos humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por si mismos la realidad futura que necesitan. No reconocer ese derecho, usurpar o adulterar ese derecho, es imponer, por sobre todo, no la verdad, sino la mentira histórica. Es vaciar la verdadera reserva moral de la humanidad.

 

Santiago, enero 25 de 1999.

 

Mario Garcés Duran, Doctor en Historia (c). Director de ECO (Educación y Comunicaciones.)

Sergio Grez Toso, Doctor en Historia. Director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.

Maria Eugenia Horvitz, D.E.A. Profesora Departamento de Historia, Universidad de Chile.

Maria Angélica Illanes, Doctor en Historia (c). Profesora Instituto Estudios Humanísticos, Universidad de Chile.

Leonardo León Solís, Doctor en Historia (c). Profesor Departamento de Historia, Universidad de Valparaíso.

Pedro Milos, Doctor en Historia. Profesor Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Julio Pinto Vallejos, Doctor en Historia. Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago.

Armando de Ramón Folch, Premio Nacional de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Jorge Rojas Flores, Licenciado en Historia y Magíster en Ciencias Sociales. Investigador del P.E.T.

Gabriel Salazar Vergara, Doctor en Historia. Profesor Departamento de Historia, Universidad de Chile.

Verónica Valdivia Ortiz de Zarate, Magíster en Historia. Profesora Universidad de Santiago.

 

 

(Esta lista incluye sólo los que firmaron hasta el 27/01/1999. Este documento fue refrendado por muchos otros historiadores, y fue publicado por LOM Ediciones con una serie de reacciones al documento).